Agenda Legislativa.

1. Ley 21.420 Reduce o elimina exenciones tributarias que indica.

La presente ley se publicó en el Diario Oficial el día 04 de febrero 2022.
La presente ley introduce modificaciones con el objeto de eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias, con el fin de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente, considerando especialmente la necesidad de financiar la recientemente creada pensión garantizada universal (PGU), sancionada por ley 21.419.

Las modificaciones tributarias se detallan a continuación:
a) Impuesto Único de 10% sobre las ganancias de capital en instrumentos con presencia bursátil.
El mayor valor obtenido en la enajenación de instrumentos de alta presencia bursátil se grava con un impuesto único de tasa de 10%.
Para determinar el mayor valor, los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile podrán considerar como valor de adquisición y/o aporte, a su elección: (i) el precio de cierre oficial de los valores al 31 de diciembre del año de su adquisición, partiendo por los más antiguos, y sin contemplar ningún tipo de reajuste, (ii) el valor de adquisición conforme a las reglas generales de la Ley de Impuesto a la Renta, o (iii) el precio de cierre oficial del valor al 31 de diciembre del año 2021.
Los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile sólo podrán utilizar como costo el valor de adquisición conforme a las reglas generales y el impuesto único será retenido por el adquirente, corredor de bolsa o agente de valores que actúe por cuenta del vendedor al momento en que el precio de enajenación sea pagado. Si el agente retenedor no cuenta con información suficiente para determinar el impuesto, deberá retener el 1% del precio de venta.
Con todo, los inversionistas institucionales, sea que se encuentren domiciliados o residentes en Chile o en el extranjero, tales como AFP y compañías de seguros, seguirán exentos.
Este impuesto se aplicará a las enajenaciones que se realicen transcurridos 6 meses contados desde el mes siguiente al de publicación de la Ley en el Diario Oficial.

b) Impuesto a la Herencia extensivo para los seguros de vida.
Las sumas que tengan derecho a recibir los beneficiarios de seguros de vida con ocasión de la muerte del asegurado se afectarán con el Impuesto a la Herencia. Esto se aplicará a los contratos de seguros de vida celebrados desde la publicación de la Ley.
Con todo, el seguro de invalidez y sobrevivencia establecido en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 seguirán estando exentos del Impuesto a la Herencia.

c) Aumento de la tasa marginal del tramo más alto de la sobretasa de impuesto territorial.
La Ley 21.210 de Modernización Tributaria incorporó una sobretasa del impuesto territorial, que aplica a los contribuyentes que tengan propiedades cuyos avalúos fiscales, en total, excedan las 670 UTA (aproximadamente 400 millones de pesos). A partir del 1º de enero de 2023, se aumenta la tasa marginal, que aplica al tramo más alto del impuesto, de 0,275% a 0,425%.

d) Eliminación de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridas antes del año 2010.
Las propiedades adquiridas por personas naturales y jurídicas con anterioridad al 2010 no estaban sujetas al límite de dos inmuebles que podían beneficiarse con el DFL 2. Sin embargo, a contar del 1º de enero de 2023, se eliminan los beneficios tributarios para todas las personas jurídicas y para las personas naturales respecto de la tercera vivienda en adelante, independientemente de su fecha de adquisición.

e) Reducción y posterior eliminación del crédito especial de IVA a empresas constructoras.-
Se elimina el beneficio que tienen las empresas constructoras de deducir del monto de sus PPM (i) el 65% del débito del IVA que deban determinar en la venta de viviendas, cuyo valor no exceda de UF 2.000 (con tope de UF 225 por vivienda) y (ii) el 12,35% del valor de las ventas de viviendas exentas de IVA adquiridas por beneficiarios de subsidios habitacionales.
Esto aplica para los contratos de construcción de inmuebles que se celebren y las ventas que se realicen a contar del 1° de enero de 2025. Durante los años 2023 y 2024 los beneficios se mantendrán vigentes, pero con tasas de 32,5% y 6,175% del valor de la venta, respectivamente.

f) Afectación con IVA a las prestaciones de servicios.

A contar del 1º de enero de 2023, por regla general, todos los servicios se encontrarán afectos a IVA, salvo que se encuentren expresamente exentos como los servicios de educación, salud, transporte, aquellos contribuyentes que emitan boletas de honorarios y las sociedades de profesionales. Con esta modificación se encontrarán gravados con IVA los servicios profesionales, asesorías técnicas y consultorías.

g) Eliminación del crédito por inversiones en activo fijo para las grandes empresas establecido en el artículo 33 bis de la Ley de Impuesto a la Renta.
El artículo 33 bis otorga un crédito contra el impuesto de primera categoría de 6% a 4% del valor de los activos fijos adquiridos nuevos, terminados de construir o tomados en arrendamiento con opción de compra en el ejercicio. A partir del 1º de enero de 2023, se elimina el crédito para contribuyentes cuyo promedio de ventas anuales de los últimos tres años superen las 100.000 UF.

h) Homologación del tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable.
Se iguala el tratamiento tributario del leasing financiero (hasta ahora se trata como un arrendamiento con opción de compra), a su tratamiento financiero contable (financiamiento para la adquisición de un activo). Con esto se busca evitar que se apliquen las normas de depreciación por las empresas de leasing y al mismo tiempo que el arrendatario pueda deducir el respectivo canon de arriendo como gasto.

i) Esta norma aplicará para los contratos de leasing financieros que se celebren a contar del 1° de enero de 2023.
Creación del Impuesto a bienes de lujo.
Se incorpora un nuevo impuesto anual de tasa 2% sobre el valor de mercado ciertos bienes, ubicados en territorio nacional, tales como helicópteros y aviones de uso privado, yates y automóviles con valor de tasación superior a 62 UTA (aproximadamente 40 millones de pesos).
No se afectarán con este impuesto los bienes de propiedad de una empresa que desarrollen actividades productivas (siempre que se encuentren efectivamente destinados y sean indispensables para el desarrollo de dichas actividades).

j) Cambios en el sistema de concesiones mineras.
En Chile las concesiones mineras están bajo un régimen de amparo por patentes, y el derecho a explorar y/o explotar se otorga en base a un pago anual.
Respecto a esto, los principales cambios son:
1.- Para las patentes de exploración: Se aumenta el plazo de duración a 4 años pero se elimina la posibilidad de renovación. Adicionalmente, se aumenta el monto de la patente de 1/50 UTM por hectárea a 3/50 UTM por hectárea.
2.- Para las patentes de explotación: El valor de las patentes ya otorgadas se mantiene solo para aquellas que demuestren trabajo, pero se aumenta el valor de la patente no metálica al nivel de la metálica (1/10 UTM). Asimismo, se crea una escala progresiva de acuerdo con el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos, sin distinción metálica y no metálica.
3.- Concesiones en proceso de obtención de una Resolución de Calificación Ambiental: El monto de la patente será el equivalente de 3/10 UTM por cada hectárea.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172303

2. Ley 21.426 sobre Comercio Ilegal

La presente ley se publicó en el Diario Oficial el día 12 de febrero 2022.
La presente ley tiene por objeto fortalecer la regulación existente en materia de comercio ilegal, en lo que se refiere a su aplicación para diferentes ilícitos relacionados, sancionados y diseminados en diversos cuerpos legales; establece normas relativas a la investigación de asociaciones ilícitas, lo mismo sobre fiscalización respecto de quienes ejercen este tipo de comercio, sea ambulante o establecido, entre otros.

De esta forma, determina su aplicación para los delitos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente en sus artículos 79 bis y 81, que se refieren en general a la falsificación y comercialización de obras literarias, artísticas o científicas. Lo propio con relación a la Ley que crea el Fondo Nacional de Fomento al Libro y la Lectura, para las infracciones y delitos relacionados con ella; para el delito de receptación consagrado en el artículo 456 bis A del Código Penal; para las situaciones previstas en el artículo 28 del DFL N° 3, correspondiente al texto refundido de la Ley de Propiedad Industrial; y para las infracciones tributarias sancionadas en los numerales 8 y 9 del artículo 97 del Código Tributario.
De acuerdo con lo anterior, la ley establece que para quienes se asocien para cometer alguno de estos delitos, se les aplicará como sanción las penas que el Código Penal establece para las asociaciones ilícitas en su artículo 293 (según sea el caso, de presidio menor en cualquiera de sus grados hasta presidio mayor en cualquiera de sus grados); ordenando que los jefes de la asociación ilícita, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores tendrán, además, una multa de 200 a 800 UTM.
Relacionado con la investigación de asociaciones ilícitas para cometer estos delitos, se contempla la facultad del juez de garantía para autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con la finalidad de individualizar a los partícipes, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos, bajo los supuestos, condiciones y atribuciones que señala la ley.
Por su parte, la ley establece facultades de fiscalización a las policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos sobre el cumplimiento de la normativa de quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido, pudiendo requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.
Se contempla el deber de las Municipalidades de regular en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio.
Finalmente la ley dispone la modificación de los siguientes cuerpos legales:
– A la Ley de Tránsito, con el propósito de aumentar las multas relacionadas con el comercio ambulante sin permiso municipal o sin la autorización respectiva (de media a 2 UTM) y su reincidencia (de 2 a 4 UTM).

– Al Código Tributario, para aumentar la pena de multa asociada al comercio ejercido sin cumplir con las exigencias tributarias (50% al 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados) y su reincidencia, estatuyendo que para la determinación de la pena aplicable el tribunal tendrá especialmente en cuenta el valor de las especies comerciadas o elaboradas. (Artículo 97 N° 8).
Con la misma finalidad, se aumenta la pena de multa para el ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de una unidad tributaria anual a diez unidades tributarias anuales y presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados y, además, con el comiso de los productos en instalaciones de fabricación y envases respectivos. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo. Para la determinación de la pena, el tribunal también deberá considerar especialmente el valor de las especies comerciadas o elaboradas. (Artículo 97 N° 9).

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172551

3. ley 21.422 que prohíbe la discriminación laboral frente a mutaciones o alteraciones de material genético o exámenes genéticos.

La presente ley se publicó en el Diario Oficial el día 16 de febrero 2022.
La presente ley tiene por objeto prohibir a los empleadores realizar actos de discriminación a sus trabajadores, frente a mutaciones o alteraciones de orden genético o de exámenes a fin de verificar aquellas condiciones, que puedan condicionar su contratación.
En este sentido, establece que ningún empleador puede supeditar la contratación de trabajadores, su permanencia o la renovación de su contrato, o la promoción o movilidad en su trabajo, a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o un alto riesgo a una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines cualquier tipo de certificado o examen que permita verificar que el trabajador no posee en su genoma mutaciones o alteraciones de material genético que puedan derivar en el desarrollo o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro.
Por su parte, la ley permite que algún trabajador pueda manifestar su consentimiento libre e informado para la realización de exámenes genéticos, conforme lo establece el artículo 14 de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, pero condicionado a que esté dirigido a asegurar que reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias e idóneas para desarrollar trabajos o faenas calificados como peligrosos, con la única finalidad de proteger su vida o integridad física o psíquica, como asimismo la vida o la salud física o mental de otros trabajadores. Disponiendo además, que en caso que el empleador requiera de estos exámenes deberá asumir su costo; y si existe una relación laboral, el tiempo destinado para la realización de ellos se considerará como trabajado.
Finalmente, ordena que para efectos de proteger la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de los datos, los establecimientos de salud y los laboratorios que realicen este tipo de exámenes, como los empleadores que accedan a esta información, tendrán que adoptar todas las medidas de seguridad regulados en la ley sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, y en el artículo 12 de la ley 20.120, sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y que prohíbe la clonación humana.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172623

4. Ley 21431 que modifica el código del trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios

La presente ley se publicó en el Diario Oficial el día 11 de marzo 2022.
La presente ley incorpora un Capítulo X al Código del Trabajo, denominado: “Del trabajo mediante plataformas digitales de servicios”, en el Libro I, del Título II “De los contratos especiales”, que se encarga de regular las relaciones entre los trabajadores de plataformas digitales, dependientes e independientes, y las empresas de plataformas digitales de servicios prestados en el país.
Dentro de sus contenidos, define lo que debe entenderse por Empresa de plataforma digital de servicios y Trabajador de plataformas digitales.
De la misma forma, pormenoriza el Contrato de Trabajo entre trabajadores de plataformas digitales dependientes e independientes, puntualizando el deber de protección del empleador, jornada de trabajo, remuneración u honorarios y su respectivo acceso al sistema de seguridad social, derecho de desconexión, del aviso previo del término de contrato, entre otros aspectos contractuales.
Por su parte, especifica las normas comunes aplicables a los trabajadores de plataformas digitales dependientes e independientes, donde adicionalmente se incorporan artículos que regulan materias como: la obligación de informar sobre el servicio ofrecido; Transparencia y derecho a la información; Prohibición de discriminación por mecanismos automatizados de toma de decisiones; De la capacitación y los elementos de protección a los trabajadores de plataformas digitales; Base de cálculo de indemnizaciones legales y Derechos colectivos de los trabajadores de plataformas digitales.
Finalmente, establece que esta ley entrará en vigencia el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, esto es, el 1° de septiembre de 2022.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173544