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Información Legislativa - Cámara de Comercio de Santiago

Estimado Socio,

Adjuntamos informativo con diversas materias de interés legal, que ha sido desarrollado por la Cámara de Comercio de Santiago.

Agenda Legislativa
Julio 2020

ÍNDICE

I. LEYES Y DECRETOS PUBLICADOS

1. Decreto N° 18 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba reglamento del artículo 152 quáter m del código del trabajo, que establece condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley nº 16.744.

2. Ley 21.245 que establece roaming automático nacional.

3. Ley 21.247 que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que indica.

4. Ley 21.248 reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica.

5. Ley 21.252 que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica.

II. PROYECTOS DE LEY DESPACHADOS POR EL CONGRESO

1. Proyecto de ley que modifica la ley n° 21.230, para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de emergencia. Boletín N° 13656-31.

III. PROYECTOS DE LEY INGRESADOS A TRAMITACIÓN

1. Proyecto de ley que modifica el decreto ley N°3.500, que Establece un nuevo sistema de pensiones, para establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial y posterior reintegro de los fondos previsionales, con ocasión de la declaración de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que signifique grave riesgo para la salud o vida de las personas.

2. Proyecto de ley que modifica la ley N°18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, para reducir transitoriamente la tasa máxima convencional en los casos que señala. Fecha de Ingreso: 01 de julio de 2020. Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Moción (José Miguel Castro | Sofía Cid | Renato Garín | Harry Jürgensen | Miguel Mellado | Erika Olivera | Ximena Ossandón | Raúl Soto | Pedro Velásquez). Boletín N° 13625-03.

3. Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227.

4. Proyecto de ley que modifica la ley N°20.575, que Establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, para prohibir la exigencia de la información a que ella se refiere, en los procesos de otorgamiento de créditos, con ocasión de la pandemia de Covid-19.

5. Proyecto de ley que limita la aplicación de sanciones contempladas en la ley nº 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas por el plazo que indica.

6, Proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago.

7. Proyecto de ley que modifica distintas normas y plazos judiciales ocasión del covid-19.

8. Proyecto de ley que crea el fondo de emergencia transitorio covid-19.

9. Proyecto de ley que prohíbe excepcionalmente el cobro de multas, intereses, utilización de cláusulas de aceleración, gastos de cobranza judicial y extrajudicial, publicación de morosidades, y llamadas de cobranza, en el periodo que se indica, desde la declaración del estado de catástrofe causado por el Covid-19.

10. Proyecto de reforma constitucional, para suspender el pago de las patentes comerciales durante un estado de excepción constitucional.

11. Proyecto de ley que establece normas especialmente destinadas a regular la comercialización de productos de aseo y su etiquetado de seguridad para proteger la salud y el medio ambiente.

12. Proyecto de ley que regula días y horas para efectuar las gestiones de cobranza extrajudicial previstas en la ley N° 19.496, de Protección al Consumidor, y fija una norma transitoria sobre la materia durante los estados de excepción constitucional.

IV. PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN

1. Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.415, orgánica constitucional de los Estados de Excepción, para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes que indica, o comercialicen bienes destinados a su distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, o situaciones de alerta sanitaria, o emergencias similares. Boletín N° 13424-07.

2, Proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particular subvencionados y particular pagados, cancelar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda en el contexto de crisis económica producto de la pandemia por Covid-19. Boletín N° 13585-04.

3. Proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo. Boletín N° 13615-05.

4. Proyecto de ley que crea el fondo de emergencia transitorio covid-19. Boletín N° 13655-05.

5. Proyecto de ley que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia de Covid-19. Boletín N° 13450-11.

6. Modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Boletín N° 12261-13.

7. Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para establecer la obligación del empleador de pactar el trabajo a distancia o teletrabajo con la trabajadora embarazada cuando la autoridad decrete una alerta sanitaria por causa de una epidemia u otra enfermedad contagiosa. Boletín N° 13553-13.

8. Proyecto de reforma constitucional, sobre derecho de propiedad, con relación al retiro de fondos previsionales. Boletín N° 13571-07.

9. Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica. BOLETINES N°s 13.399-05, 13.400-05 y 13.592-05, refundidos.

10. Proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Boletín N° 12409-03.

11. Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227. Boletín N° 13624-03.

12. Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República, que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. Boletín N° 13564-05.

13. Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático. Boletín:13191-12.

14. Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República, para reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones. Boletín N° 11632-15.

15. Proyecto de ley, que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio. Boletín N° 10198-11, 10337-11,10513-11,10556-11,10835-11 refundidos

16. Proyecto de ley que mejora las pensiones del Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica. Boletín N° 12212-13.

V. RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

1. ORD. N° 1069 DE 02 de julio de 2020. Solicita confirmar criterios relativos al aporte de bienes en la constitución de una fundación.

2. ORD. N° 1297, DE 08 de julio 2020. Exención a empresas hoteleras por ingresos en moneda    extranjera    percibidos    por servicios a turistas chilenos sin domicilio o residencia en Chile.

3. ORD. N° 1309, DE 10 de julio de 2020. Solicita confirmar aplicación de criterio contenido en Oficio Nº 1991 de 2019.

4. ORD. N° 1310, DE 10 de julio de 2020. Tratamiento     tributario     y     emisión     de documentación por el cobro de energía eléctrica que un arrendador efectúa a su arrendatario.

5. ORD. N° 1315, DE 13 de julio de 2020. Aplicación de la exención establecida en el artículo 24 N° 17 de la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.

6. ORD. N° 1330 DE 14 de julio de 2020. Impuesto sustitutivo del artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley N° 21.210, en el caso de empresas resultantes de división efectuada el año 2019.

7. ORD. N° 1337 DE 15 julio de 2020. Tratamiento tributario del mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces fusionados.

8. ORD. N° 1344 DE 17 de julio de 2020. Devolución de retenciones por prestación de servicios profesionales que soportaron retenciones de impuestos en el exterior.

9. RESOLUCIÓN EX. SII N° 83 de fecha 20 de julio de 2020. Fija procedimiento administrativo a que se deben someter las solicitudes efectuadas por los contribuyentes en el marco de lo dispuesto en el artículo trigésimo tercero transitorio de la ley N°21.210.

Vi. SENTENCIAS JUDICIALES RELEVANTES

1. Libertad de información. Causa Nº 79120-2020, Apelación Protección, Corte Suprema, 22-07-2020.

2 .Prescripción. Causa Nº 19139-2019, Corte Suprema, 13-07-2020.

3. Libertado de información. Causa Nº 31817-2019, Corte Suprema, 06-07-2020.

4. Retiro de fondos. Causa Nº 33773-2019, Corte Suprema, 03-07-2020.

5. Derecho a la Honra. Causa Nº 72201-2020, Corte Suprema, 02-07-2020.

6. Registro de marca. Causa Nº 27031-2019, Corte Suprema, 26-06-2020.

 


I. LEYES Y DECRETOS PUBLICADOS

1. Decreto N° 18 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba reglamento del artículo 152 quáter m del código del trabajo, que establece condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley nº 16.744.

El día 03 de julio de Publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 18 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba reglamento del artículo 152 quáter m del código del trabajo, que establece condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley nº 16.744. Vigencia: 02 de octubre 2020.

En el cual se establecen una serie de obligación del Empleador:

- El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
-  Información mínima a entregar al trabajador:

  • Respecto a las condiciones del lugar de trabajo: i) Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo. ii) Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y temperatura. iii) Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. iv) Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, según el caso. v) Herramientas de trabajo que se deberán emplear. vi) Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.
  • Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de desconexión. Si se realizan labores de digitación, se deberá indicar los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descansos que se deberán observar.
  • Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos de protección personal.
  • Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicosociales, entre otros.

- Prestaciones del seguro de la ley Nº 16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas.
- Confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo, la que será revisada a lo menos anualmente. Salvo, en aquellos casos que la naturaleza de las funciones, éstas fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, y se haya pactado que el trabajador pueda libremente elegir donde ejercerá sus funciones, no obstante, de comunicar los riesgos, medidas de prevención y requisitos mínimos de seguridad.
- Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y los materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, mediante un instrumento de autoevaluación de riesgo que será entregado por el Organismo Administrador y completado por el trabajador en un plazo de no menos de 5 días ni más de 10 días.
- Dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la autoevaluación, el empleador estará obligado a confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y deberá informarla a órgano administrador en un plazo de 3 días contados desde su confección.
- Dentro de los 15 días siguientes de la confección de la matriz indicada en el punto anterior, el empleador deberá desarrollar un programa de trabajo que contenga, al menos, las medidas preventivas y correctivas a implementar, su plazo de ejecución y las obligaciones que le asisten al trabajador en su implementación, según el siguiente orden: i. Eliminar los riesgos; ii. Controlar los riesgos en su fuente; iii. Reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos de trabajo seguros; y iv. En tanto perdure la situación de riesgo, proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados.
- El empleador o a través del Órgano Administrador del seguro de la Ley 16.744, deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores, con periodicidad que no supere a los 2 años, ya sea de manera presencial o a distancia.
- Proporcionar a sus trabajadores, los equipos y elementos de protección personal que sean adecuados al riesgo que se trata mitigar o controlar, no pudiendo, en caso alguno, cobrarles su valor.
- Incluir en el RIOHS, la prohibición de ejecutar estas labores bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.
- El empleador o el órgano administrador, deberá realizar una evaluación anual del cumplimiento del programa preventivo y medidas de mejora continua que se requieran y disponer de medidas de control y vigilancia, según señale su programa preventivo, de manera presencial o a través de medios electrónicos, con autorización del trabajador, cuya negativa infundada, podrá ser sancionadas de conformidad al Reglamento Interno de la empresa.
Sin perjuicio de lo anterior, la DT es el órgano facultado para fiscalizar el lugar de trabajo, con autorización del trabajador y el cumplimiento del presente reglamento.
Establece obligaciones e impedimentos del trabajador:
- El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos segundos de los artículos 5º y 42 del decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud.
- Deberá responder la autoevaluación del lugar de trabajo que será entregada por el empleador, en un plazo de no menos de 5 días, ni más de 10 días.

2. Ley 21.245 que establece roaming automático nacional.

El día 15 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.245 que establece un roaming automático nacional.
La ley señala que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales, para la operación móvil virtual y de roaming automático, debiendo formular y mantener actualizadas ofertas de facilidades mayoristas públicas sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos, transparentes, orientados a costos, en condiciones económicamente viables y no discriminatorias, y suficientemente desagregadas en todos sus elementos. Dicha oferta deberá ser única por cada grupo empresarial y contemplar todas las bandas de frecuencia de que dispongan y que sean utilizadas para la prestación, por sí mismos o a través de terceros, de servicios públicos de telefonía móvil o de transmisión de datos móviles.
El servicio de roaming automático en ningún caso podrá imponer costos adicionales al usuario asociados al mero uso de la red de una concesionaria diferente de la contratada por éste y será obligatoria la celebración de acuerdos, indistintamente, en localidades, rutas o zonas aisladas; de baja densidad poblacional; beneficiadas por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones; de servicio obligatorio; o con presencia de un único operador. Asimismo, será obligatoria la celebración de acuerdos, en todo el territorio nacional, para mitigar las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia.

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3. Ley 21.247 que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que indica.

El día 27 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.247 que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que indica.

Ésta ley establece beneficios para las siguientes personas: a) Los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental y aquellos cuyos permisos terminaron desde el 18 de marzo de 2020 en adelante. b) Los trabajadores afiliados al seguro de desempleo, que tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas nacidos a partir del año 2013 y que no estén gozando de licencia maternal por pre o postnatal o permiso postnatal parental.
En el primer caso la ley señala que: Luego del término del postnatal parental tendrán derecho a una licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19, la licencia debe otorgarse por jornada completa, por un período de 30 días, el cual podrá renovarse por un máximo de dos veces, por el mismo plazo, en tanto se mantenga vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, donde los períodos de 30 días deben ser continuos entre sí.
Si el trabajador estuviere haciendo uso de otra licencia médica deberá esperar al término de la misma para poder hacer uso de la licencia médica preventiva parental. Si ambos padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar de esta licencia médica preventiva parental.
El monto diario del subsidio será el mismo que por descanso de maternidad
Si el trabajador se hubiere reincorporado a sus labores por la mitad de su jornada, el subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será el que le hubiese correspondido si es que hubiese hecho uso del permiso por jornada completa.
El subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será de cargo de la Institución de Salud Previsional o del Fondo Nacional de Salud, según corresponda.

En el segundo caso: Durará mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente para el control de la enfermedad denominada COVID-19, al cual asistiría el respectivo niño o niña.
Se suspenden los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones establecidas en el Título I de la ley Nº 21.227 y en tanto dicha normativa esté vigente.

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4. Ley 21.248 reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica.

El día 30 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley 24.248 que establece una reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica.

La ley señala que excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

Los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones.
Los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la presente reforma constitucional, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado.

La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera:
- El 50 por ciento en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones a que pertenezca el afiliado.
- El 50 por ciento restante en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar del desembolso anterior.

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5. Ley 21.252 que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica.

EL día 01 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial la ley 21.252 que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica.

La ley establecer un mecanismo transitorio de financiamiento para la protección de los ingresos de la clase media, creando un aporte fiscal, que se puede solicitar una sola vez, que no es restituible y cuyo monto se determina según una escala de ingresos señala en la ley; además crea un beneficio, que solo debe restituirse si el beneficiario obtiene ingresos en los años siguientes.
Éste aporte se entregará, una sola vez, un monto de $500 mil a todos los trabajadores y trabajadoras que tenían ingresos formales brutos entre $400.000 y $1.500.000 mensuales y que han sufrido caídas en sus ingresos de al menos un 30%. Considerando a los siguientes grupos de trabajadores:

- Trabajadores con contrato suspendido o cesantes, beneficiarios del seguro de cesantía.
- Trabajadores con su contrato suspendido o cesantes que no sean beneficiarios del seguro de cesantía (por no calificar o no estar afiliados – trabajadores con contratos pre 2002).
-  Trabajadores que han acordado reducciones salariales mayores al 30%.
-  Personas naturales organizados como empresas individuales (cuenta propia) que han visto caer sus ingresos en 30% o más.
En el caso de los trabajadores a honorarios, también se favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre $1,5 y $2 millones de mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos de 30% o más.
Se crea un Préstamo Solidario con aporte estatal que podrá solicitarse, con tasas de interés real igual a 0%, que sólo será reajustado de acuerdo a la inflación.
Se otorga un año de gracia al préstamo solidario, por lo que las personas comenzarán a pagar en abril de 2022 y lo harán en un plazo de cuatro años, hasta el 2025. El pago del préstamo será en función de los ingresos que tenga el trabajador y ningún pago podrá superar el 5% de sus ingresos anuales.
Podrán solicitar el préstamo solidario las personas que tienen una renta mensual promedio durante 2019 igual o superior a $400 mil y que sus ingresos hayan disminuido en, al menos, un 30%. Se financiará hasta un 70% de la caída de sus ingresos.
Además, señala que, en los casos de quienes tengan deudas por pensiones alimenticias, Tesorería retendrá hasta el 50% del beneficio contemplado en la ley para cubrir las pensiones impagas.

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II. PROYECTOS DE LEY DESPACHADOS POR EL CONGRESO

1. Proyecto de ley que modifica la ley n° 21.230, para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de emergencia. Boletín N° 13656-31.

Modificaciones a la ley 21.230, que Crea el Ingreso Familiar de Emergencia:

b.         Elimina los requisitos de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares para acceder a los beneficios, lo cual permitiría facilitar el ingreso del beneficio a familias que hoy podrían estar fuera. En particular se suprime el requisito, en las reglas generales, de pertenecer al 90% más vulnerable de la población, de conformidad al Registro Social de hogares, y se elimina el Indicador Socioeconómico de Emergencia.
c.         Facilita los mecanismos de acreditación y reporte de los ingresos del hogar, permitiendo hacerlo mediante la información declarada por estos, simplificando de manera directa la postulación a este beneficio.
d.         Simplifica el proceso de reclamación, eliminado la obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de contrastar la información declarada por los solicitantes con aquella contenida en el Registro de Información Social.
e.         Se incorpora la facultad a la Subsecretaría de Servicios Sociales, de informar a los reclamantes la posibilidad de actualizar sus ingresos para efectos de acceder al beneficio.
f.         Incorpora una norma transitoria que establece que las modificaciones incorporadas en virtud de la ley regirán para el pago del tercer aporte y siguientes del Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embargo, para el caso del proceso de reclamación, éstas serán aplicables para el pago del segundo aporte. Además, para quienes hayan solicitado el tercer aporte con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, ésta se basará en la información disponible en dicho Registro en los casos que no se actualicen los ingresos.

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III. PROYECTOS DE LEY INGRESADOS A TRAMITACIÓN

1. Proyecto de ley que modifica el decreto ley N°3.500, que Establece un nuevo sistema de pensiones, para establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial y posterior reintegro de los fondos previsionales, con ocasión de la declaración de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que signifique grave riesgo para la salud o vida de las personas. Fecha de Ingreso: 01 de julio de 2020. Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Moción (Loreto Carvajal | Ricardo Celis | Cristina Girardi | Rodrigo González | Tucapel Jiménez | Carolina Marzán | Andrea Parra | Raúl Soto). Boletín N° 13637-13.

El proyecto señala que durante la vigencia de un estado de excepción constitucional por calamidad  pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones, autorizase a los afiliados al sistema privado de administración de fondos previsionales de capitalización individual, que aún no hayan iniciado su trámite de jubilación, a retirar, de manera parcial, los fondos contenidos en su cuenta de capitalización individual, bajo las condiciones y los límites establecidos en éste proyecto. Señalando podrán retirar desde un monto base equivalente a seiscientos cincuenta mil pesos, hasta un monto máximo de tres millones de pesos chilenos. Si el monto máximo autorizado para retiro, de tres millones de pesos chilenos, representare más del diez por ciento del total de los fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual del solicitante, sólo se autorizará el retiro de un monto equivalente hasta dicho límite porcentual. Por su parte, si el monto base autorizado a retiro de seiscientos cincuenta mil pesos, representaren más del 10 por ciento del total de fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual del solicitante, se autorizará el retiro de éste, de manera excepcional. El retiro de fondos no estará sujeto a cobros adicionales por parte de las administradoras de fondos de pensiones. El monto objeto de retiro no se considerará renta ni estará afecto a tributos de ninguna índole.
La administradora de fondos de pensiones deberá gestionar la entrega al afiliado del monto solicitado durante un término máximo de 10 días corridos contados desde la solicitud de retiro, sin oposición. Para este caso, los afiliados podrán solicitar la entrega de sus fondos en un solo acto o a través de un máximo de cinco mensualidades, las cuales, en su conjunto, no podrán superar el máximo establecido en el inciso anterior. La administradora de fondos de pensiones deberá facilitar instancias no presenciales para que los cotizantes ejerzan el derecho de retiro.
Se crea el Fondo de Reintegro, cuyo objetivo único será el de financiar el reintegro de los montos retirados desde las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que hayan ejercido este derecho, durante el estado de excepción constitucional por calamidad pública. El patrimonio del Fondo de Reintegro se financiará mediante un activo que cada administradora deberá mantener, equivalente al 2 por ciento de cada fondo sujeto a su administración. Dicho fondo se regirá, en lo que no sea incompatible, por las reglas del Encaje establecidas en el artículo 40 y siguientes de la presente ley. El Fondo de Reintegro permanecerá vigente hasta cumplir con la totalidad de los reintegros a los retiros solicitados por los afiliados. Una vez cumplido dicho objetivo, el Fondo de Reintegro se entenderá disuelto por el sólo ministerio de la ley. El Estado podrá realizar aportes a los Fondos de Reintegro mantenidos por cada administradora de fondos de pensiones, con el fin de coadyuvar en el reintegro de los montos retirados por cada afiliado que haya ejercido su derecho.

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2.  Proyecto de ley que modifica la ley N°18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, para reducir transitoriamente la tasa máxima convencional en los casos que señala. Fecha de Ingreso: 01 de julio de 2020. Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Moción (José Miguel Castro | Sofía Cid | Renato Garín | Harry Jürgensen | Miguel Mellado | Erika Olivera | Ximena Ossandón | Raúl Soto | Pedro Velásquez). Boletín N° 13625-03.

El proyecto señala que, para aquellas operaciones de crédito de dinero denominadas en moneda nacional no reajustable, por montos iguales o inferiores a 200 unidades de fomento, por plazos mayores o iguales a noventa días, y que no correspondan a aquellas exceptuadas por el artículo 5º, no podrá estipularse un interés cuya tasa exceda a la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención para las operaciones de crédito de dinero denominadas en moneda nacional no reajustable por montos mayores a 200 e inferiores a 5.000 unidades de fomento y por plazos mayores o iguales a noventa días, incrementada en un término aditivo cuyo valor será de:
I.          7 puntos porcentuales sobre base anual, en las operaciones superiores a 50 unidades de fomento.
II.         11 puntos porcentuales sobre base anual, en aquellas operaciones por montos iguales o inferiores a 50 unidades de fomento.

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3. Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227. Fecha de Ingreso: 01 de julio de 2020. Cámara de Origen: Senado. Iniciativa: Mensaje. Boletín N° 13624-03.

El proyecto establece que para acceder a las prestaciones del seguro se rebajan a tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato, o a seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores al mes de término del contrato, debiendo ser en este caso las últimas dos cotizaciones continuas con el mismo empleador.
Respecto al pago de las prestaciones, se establecen de manera transitoria tablas con cobertura de beneficios por cesantía que reemplazan las tablas regulares establecidas en los artículos 15 y 25 de la ley Nº 19.728.
El cambio establece una cobertura sostenida que a partir del segundo mes no baja del 55% de la remuneración promedio del trabajador y que en el quinto giro se establece en un 45%, pudiendo alcanzar hasta el 55% antes mencionado, mediante la dictación de un decreto supremo que considere ciertos parámetros para su incremento. En el caso de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, también se establece una cobertura en los términos antes mencionados, quedando limitada a los valores superiores e inferiores determinados para las prestaciones con cargo a dichos recursos.
Se establece un mínimo de cobertura durante el período de suspensión del contrato de trabajo equivalente al 55% de la remuneración promedio del trabajador previa a la suspensión, lo que regirá desde el segundo hasta el cuarto mes de cobertura, sin distinguir entre trabajadores con contrato a plazo indefinido y trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado. El quinto mes tendrá el mismo tratamiento de las prestaciones del Seguro de Desempleo.
Se establece además que, a contar de la vigencia de la presente ley, aquellos trabajadores que estuvieren percibiendo o tengan derecho a percibir las prestaciones a que se refiere esta ley, las recibirán en los porcentajes mejorados conforme a las nuevas tablas antes referidas, según corresponda.
El proyecto establece además una regla que regule la forma en que se podrá, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, otorgar una retribución adicional a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.  Ello, será determinado mediante un estudio que será elaborado por la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos a más tardar en agosto de 2021.

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4. Proyecto de ley que modifica la ley N°20.575, que Establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, para prohibir la exigencia de la información a que ella se refiere, en los procesos de otorgamiento de créditos, con ocasión de la pandemia de Covid-19. Fecha de Ingreso: 01 de julio de 2020, Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Moción (Miguel Mellado | Francesca Muñoz | Jaime Naranjo| Alejandra Sepúlveda). Boletín N° 13626-03.

En ningún caso se podrá exigir esta información en el proceso de crédito cuando exista declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, por el brote pandemia del virus COVID-19 en el país incluido un año posterior al término del estado de excepción.

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5. Proyecto de ley que limita la aplicación de sanciones contempladas en la ley nº 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas por el plazo que indica. Fecha de Ingreso:  13 de julio de 2020, Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Moción (Daniella Cicardini | Marcelo Díaz | Maya Fernández | Marcela Hernando | Andrés Longton | Karin Luck | Celso Morales | Joanna Pérez | Raúl Saldívar | Alejandro Santana). Boletín N° 13650-06.

El proyecto señala que, a partir de la publicación de la presente ley y hasta 60 días después de que se levante la prohibición de funcionamiento establecida en el numeral 27 de la Resolución Nº 212, del 27 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, no se cursarán ni aplicarán, en lo referente al pago y renovación de las patentes otorgadas de conformidad a la Ley N° 19.925 en su artículo 3º, correspondiente al mes de julio del año 2020, las infracciones y sanciones que la misma ley señala, como consecuencia del retraso en el pago de las respectivas patentes.

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6. Proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago. Fecha de Ingreso:  15 de julio de 2020, Cámara de Origen: Senado. Iniciativa: Moción (José Miguel Durana | Alvaro Elizalde | Felipe Harboe | Ximena Rincón). Boletín N° 13654-03.

La tasa de intercambio máxima a cobrar ascenderá a un 0,3% del valor de la operación tratándose de tarjetas de crédito, y un 0,2% del valor de la operación, tratándose de tarjetas de débito y de prepago.

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7. Proyecto de ley que modifica distintas normas y plazos judiciales ocasión del covid-19. Fecha de Ingreso:  15 de julio de 2020, Cámara de Origen: Senado. Iniciativa: Moción (Pedro Araya | Alfonso De Urresti | Felipe Harboe | Francisco Huenchumilla). Boletín N° 13651-07.

El proyecto propone, un conjunto acotado de modificaciones legislativas, de carácter “esencialmente transitorio” que tendrán una vigencia desde la publicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2020. Las modificaciones se harán a los plazos de los siguientes códigos: Código Procesal Penal, Ley de Tribunales de Familia y Código del Trabajo, con el fin de ampliar plazos para el agendamiento de audiencias y vistas de las causas en los diversas Tribunales y Cortes del País, que permitan gestionar debidamente la carga laboral pendiente, más la carga regular que una vez terminada la crisis sanitaria retornará a los Tribunales. De igual manera se proponen aumentos de plazos para redactar sentencias para las distintas judicaturas del país, como una manera de quitar presión al sistema judicial y liberar mayor cantidad de jueces para ingresar a audiencias y tomar debidamente las mismas, especialmente las audiencias preparatorias y de juicio propiamente tal, que hoy se mantienen pendientes.

De igual modo en materia del Trabajo, se propone ampliar la cobertura del procedimiento monitorio, aumentando su cuantía, de modo de canalizar más juicios del trabajo por esta vía, permitiendo la resolución de un mayor número de juicios pendientes en un procedimiento más concentrado.

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8. Proyecto de ley que crea el fondo de emergencia transitorio covid-19. Fecha de Ingreso:  17 de julio de 2020, Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Mensaje. Boletín N° 13655-05.

El proyecto crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, con vigencia hasta el 30 de junio de 2022, de hasta 12.000 millones de dólares. Este Fondo corresponderá a una fuente de financiamiento para los gastos señalados en el artículo 1° -que constituyen el objeto del Fondo-, sin formar parte del presupuesto inicial, ni ser asimilado como la base del mismo.
Lo anterior, mediante la asignación de recursos a las partidas presupuestarias de los ministerios y servicios públicos, quienes ejecutarán los gastos mediante las normas de administración financiera vigentes. Esta forma permite un adecuado funcionamiento del sistema presupuestario y de gestión del Estado y evita complicaciones administrativas innecesarias, además asegura que los gastos sean tratados con los mismos estándares de transparencia existentes en la rendición del gasto público general. De igual forma, los gastos del Fondo siempre formarán parte del gasto del Gobierno Central, siendo de esta manera contabilizados en la regla fiscal, ancla de la política fiscal nacional.
Con todo, el gasto de este Fondo no será considerado parte de la base del presupuesto, siendo este el principio fundamental del primer eje del acuerdo político que busca establecer un marco de gasto transitorio. Así, aquellos gastos entregados a los ministerios desde el Fondo, si bien serán ejecutados usando las actuales estructuras, se entenderán siempre como transitorios y nunca serán considerados ni presentados como una base del presupuesto.

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9. Proyecto de ley que prohíbe excepcionalmente el cobro de multas, intereses, utilización de cláusulas de aceleración, gastos de cobranza judicial y extrajudicial, publicación de morosidades, y llamadas de cobranza, en el periodo que se indica, desde la declaración del estado de catástrofe causado por el Covid-19. Fecha de Ingreso:  21 de julio de 2020, Cámara de Origen: Senado. Iniciativa: Moción (Alejandro Navarro). Boletín N° 13659-03.

La presente moción tiene por objeto prohibir y sancionar de manera excepcional  el cobro multas, intereses, utilización de cláusulas de aceleración, gastos de cobranza judicial y extrajudicial, publicación de morosidades, y llamadas telefónicas de cobranza, en el periodo va desde la declaración del estado de catástrofe causado por el COVID 19, hasta 6 o 12 meses según se especifica, para con ello aliviar a los sectores más vulnerables y la clases media del estrés de no poder cumplir en caso de morosidad o simple retardo.

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10. Proyecto de reforma constitucional, para suspender el pago de las patentes comerciales durante un estado de excepción constitucional. Fecha de Ingreso:  21 de julio de 2020, Cámara de Origen: Senado. Iniciativa: Moción (Alejandro Navarro). Boletín N° 13658-07.

El proyecto señala que, durante la vigencia del estado de excepción, se entenderá por suspendido el cobre y el pago de todas las patentes comerciales en la zona afectada. Una vez terminado el estado de excepción, el presidente vía decreto dispondrá las regularizaciones del pago y sus modalidades, las que en todo caso no podrán sobrepasar el valor original de las patentes.

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11. Proyecto de ley que establece normas especialmente destinadas a regular la comercialización de productos de aseo y su etiquetado de seguridad para proteger la salud y el medio ambiente. Fecha de Ingreso:  22 de julio de 2020, Cámara de Origen: C. de Diputados. Iniciativa: Moción (Sebastián Álvarez | Ricardo Celis | Andrés Celis | Sebastián Keitel). Boletín N° 13667-03.

Proyecto de ley que señala que, tratándose de productos de aseo doméstico, cuyo uso resulte potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los consumidores o para el medio ambiente, dicho riesgo o su toxicidad en niveles considerados como nocivos, el proveedor deberá señalar expresamente mediante sellos de advertencia destacados en la parte frontal de la presentación del producto o marca el nivel de toxicidad de cada componente mencionando la expresión “ALTO EN”, dependiendo del componente químico de que se trate, permitiéndole al consumidor acceder al producto de una manera más informada favoreciendo el acceso a productos menos nocivos. La falta de cumplimiento a esta disposición ocasionará que dicho producto no pueda ser comercializado.
La exigencia establecida será exigible seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

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12. Proyecto de ley que regula días y horas para efectuar las gestiones de cobranza extrajudicial previstas en la ley N° 19.496, de Protección al Consumidor, y fija una norma transitoria sobre la materia durante los estados de excepción constitucional. Fecha de Ingreso:  28 de julio de 2020, Cámara de Origen: Senado. Iniciativa: Moción (Pedro Araya | Francisco Chahuán | Alejandro Guillier | Ximena Órdenes | Yasna Provoste). Boletín N° 13676-03.

El Proyecto señala que una vez declarado cualquiera de los estados de excepción constitucional, mientras se mantenga vigente, y hasta por un lapso de 3 meses desde su terminación, las actuaciones de cobranza extrajudicial, por cada institución acreedora, y con independencia del número de créditos existente respecto de cada consumidor, solo podrán efectuarse una vez a la semana, en día hábil, de lunes a viernes, y entre las 10 y 14 horas. En todo caso, si el consumidor acredita de cualquier manera que se encuentra cesante, sin ingresos, o que estos han disminuido considerablemente a contar del periodo de la declaración de estado de excepción, solo podrá volver a ser contactado al mes siguiente a la fecha de la última actuación de cobranza.

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IV. PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN

1. Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.415, orgánica constitucional de los Estados de Excepción, para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes que indica, o comercialicen bienes destinados a su distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, o situaciones de alerta sanitaria, o emergencias similares. Boletín N° 13424-07.

EL proyecto señala que el que, durante la vigencia de un estado de excepción, o inmediatamente decretada una alerta sanitaria u ocurrido otro evento considerado calamidad pública por la autoridad para la posterior declaración de estado de catastrofe, alterare u ordenare alterar ilegitimamente precios de alimentos, artículos de higiene, materiales de construccion, combustible, medicamentos o insumos medicos, cobrando un 20% o más que el precio al que se encontraban con anteriordad a su alteración, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado minimo a medio y multa equivalente al doble de los ingresos percibidos indebidamente. Con la misma pena señalada en el inciso anterior serán sancionados quienes, a sabiendas, comercialicen bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en el territorio afecto a la declaratoria de estado de excepción.

La Comisión de Constitución sesionó el día 21 de julio para discutir el presente proyecto de ley, produciéndose el despacho del mismo.

Se encuentra en primer trámite legislativo en la C. de Diputados.

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2. Proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particular subvencionados y particular pagados, cancelar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda en el contexto de crisis económica producto de la pandemia por Covid-19. Boletín N° 13585-04.

El proyecto señala que para el año escolar 2021, los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados no podrán cancelar o impedir la renovación de la matrícula a ningún estudiante que presente deuda por el no pago de mensualidades, 16-06-2020 12:01 mientras se acredite que la situación financiera de la familia se ha visto menoscabada por la situación de pandemia por Covid-19. Se considerará, entre otras, que la situación financiera de la familia del estudiante se ha visto menoscabada en los casos que algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo y que se encuentre acogido a la ley N° 19.728, o se haya suspendido su relación laboral o visto reducida su jornada en virtud de la ley N° 21.227.
La Comisión de Educación sesionó el día 23 de julio para discutir el presente proyecto de ley, produciéndose el despacho del mismo.

Se encuentra en primer trámite legislativo en la C. de Diputados.

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3. Proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo. Boletín N° 13615-05.

El proyecto de ley incluye medidas tributarias para la reactivación económica, teniendo por objeto inyectar liquidez a las empresas, promover la inversión y fomentar el consumo, preparando así la cancha para la reactivación económica, incluyendo incentivos tributarios de carácter transitorio. Incluyendo las siguientes medidas:

a. Rebaja a la mitad del Impuesto de Primera Categoría del Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022. Así, se rebaja la tasa aplicable a esta categoría de empresas desde 25% a 12,5%. Asimismo, se rebaja la tasa de Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de 0,25% o 0,125% para empresas cuyas ventas no excedan de 50.000 UF y de 0,5% a 0,25% para empresas cuyas ventas excedan de 50.000 UF.
b. Devolución de crédito fiscal IVA acumulado para Pymes. La iniciativa establece que para empresas que cumplan los requisitos para acogerse al Régimen Pro Pyme existirá un reembolso del remanente acumulado de crédito fiscal de IVA por adquisición de bienes o utilización de servicios entre el 1° de enero y 31 de mayo de 2020 (según lo declarado en junio). Para ello se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos (i) Caída de ventas de 30% en período enero-mayo, respecto del mismo periodo en 2019; (ii) Las ventas y servicios que dan derecho al crédito acumulado deben estar registradas en el registro de compras y ventas digital; (iii) Buen comportamiento tributario (sin causales de incumplimiento que contempla la ley (art. 59 bis del Código Tributario); (iv) Haber presentado las declaraciones de IVA en los 36 meses anteriores; (v) No tener deuda tributaria, excepto en cumplimiento de convenio con Tesorería. Para estos fines, se establece un procedimiento, debiendo presentarse una solicitud ante el SII en julio, agosto o septiembre y la Tesorería General de la República efectuará el reembolso. El IVA se irá restituyendo a través de las ventas posteriores de la Pyme.
c.         Ampliación de la depreciación instantánea transitoria del 50% o del 100% (en el caso de inversión en la Región de la Araucanía) de los bienes físicos del activo inmovilizado nuevos o importados desde el 1 de octubre de 2019, ampliando el beneficio que contempla la Ley N° 21.210, a partir de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, permitiendo depreciar el 100% de las inversiones realizadas en todo el territorio nacional, y como una novedad en nuestra legislación, la amortización instantánea de ciertos activos intangibles que están protegidos por ley, adquiridos entre 1° de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2022, que incluye propiedad industrial (Ley N° 19.039), propiedad intelectual (Ley N° 17.336) y variedades vegetales (Ley N° 19.342).
d.         Destinación de recursos fiscales para la contribución regional de 1% para proyectos iniciados hasta el año 2021, los que quedarán liberados de dicho pago. Cabe recordar que la ley N° 21.210 estableció una contribución de 1% aplicable a los proyectos de inversión que se desarrollen en el país y que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De esta manera y a través de esta iniciativa legal se destinan recursos para que el Fisco se haga cargo de enterar la contribución respecto de proyectos que se sometan a la Evaluación de Impacto Ambiental hasta el 31 de diciembre de 2021, y en la medida que se inicie la ejecución del proyecto o actividad en un plazo de hasta 3 años contados desde la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable.
La Comisión de Hacienda de la C. de Diputados sesionó el día 03 de julio para continuar con la presente discusión, produciéndose el despacho del mismo.
La Comisión de Economía de la C. de Diputados también sesionó para discutir la presente iniciativa, el día 06 de julio de 2020. Se escuchó la exposición del Ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Despachándose el proyecto y aprobándose en sala.
La Comisión de Hacienda del Senado sesionó los días 13, 14, 15, 17 y 20 para comenzar a discutir el presente proyecto de ley, produciéndose el despacho para sala del mismo.
Se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado. 

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4.         Proyecto de ley que crea el fondo de emergencia transitorio covid-19. Boletín N° 13655-05.

El proyecto crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, con vigencia hasta el 30 de junio de 2022, de hasta 12.000 millones de dólares. Este Fondo corresponderá a una fuente de financiamiento para los gastos señalados en el artículo 1° -que constituyen el objeto del Fondo-, sin formar parte del presupuesto inicial, ni ser asimilado como la base del mismo.
Lo anterior, mediante la asignación de recursos a las partidas presupuestarias de los ministerios y servicios públicos, quienes ejecutarán los gastos mediante las normas de administración financiera vigentes. Esta forma permite un adecuado funcionamiento del sistema presupuestario y de gestión del Estado y evita complicaciones administrativas innecesarias, además asegura que los gastos sean tratados con los mismos estándares de transparencia existentes en la rendición del gasto público general. De igual forma, los gastos del Fondo siempre formarán parte del gasto del Gobierno Central, siendo de esta manera contabilizados en la regla fiscal, ancla de la política fiscal nacional.
Con todo, el gasto de este Fondo no será considerado parte de la base del presupuesto, siendo este el principio fundamental del primer eje del acuerdo político que busca establecer un marco de gasto transitorio. Así, aquellos gastos entregados a los ministerios desde el Fondo, si bien serán ejecutados usando las actuales estructuras, se entenderán siempre como transitorios y nunca serán considerados ni presentados como una base del presupuesto.

La Comisión de Hacienda sesionó los días 28 y 29 de julio para continuar con la presente discusión. En representación del Ejecutivo, concurre; Ministro de Hacienda, Ignacio Briones Rojas, y Matías Acevedo Ferrer, Director de Presupuestos. Expone la señora Jeannette Von Wolfersdorff, Presidenta de la Comisión del Gasto Público. Se acordó continuar con este proyecto de ley el lunes 3 de agosto del año en curso, para votar en general y en particular.

Se encuentra en primer trámite legislativo en la C. de Diputados.

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5.         Proyecto de ley que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia de Covid-19. Boletín N° 13450-11.

El proyecto señala que en el contexto de la pandemia de Covid-19 y durante el tiempo que la Autoridad Sanitaria recomiende distanciamiento social, los productos sanitarios podrán ser retirados de establecimientos de salud o adquiridos en farmacias con recetas en formatos digitales, pudiendo presentarse mediante WhatsApp u otra aplicación tecnológica de comunicación, correo electrónico, fotocopia o cualquier otro medio de fácil acceso con los que cuenten los pacientes. Además, la recetas que hayan caducado podrán extenderse hasta por un plazo máximo de 2 meses.
Para el caso de recetas retenidas o recetas cheque, bastará con el formato digital que presente el paciente o quien adquiera por él. En estas circunstancias, la farmacia o establecimiento de salud, deberá consignar en los Registros De control de Estupefacientes y de control de Productos Psicotrópicos, los datos consignados en la receta, el hecho que ésta se haya presentado de manera digital y cantidad dispensada. Esta información deberá remitirse al Instituto de Salud Pública de Chile para que, en el uso de sus facultades, proceda a las fiscalizaciones que correspondan.

La Comisión de Salud, sesionó los días 07 y 14 de julio para continuar con la presente discusión, en ésta última, se escuchó la intervención de la Presidenta del Colegio Médico de Chile, Dra. Izkia Siches P; la Directora (S) del instituto de Salud Pública, Dra. María Judith Mora Riquelme, acompañada del Jefe Anamed, señor Heriberto García y el abogado Felipe Saavedra; la Presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (AG), señora Ana Nieto Barraza. En representación del Ministerio de Salud participan el Jefe del Departamento Jurídico, señor Jorge Hübner y el asesor legislativo, señor Jaime González.

Se encuentra en segundo trámite legislativo en la C. de Diputados.

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6.         Modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Boletín N° 12261-13.

El proyecto señala que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas contempladas en el supuesto del artículo 157 bis, deberá contar con una acreditación o certificación otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o con una acreditación o certificación de nivel equivalente otorgada por una universidad extranjera, que valide su capacitación y conocimiento en el desarrollo de programas que fomenten la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Las empresas señaladas en el inciso anterior, deberán elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal, con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa.

La Comisión del trabajo sesionó los días 07 y 21 de julio para continuar con la presente discusión, contando en ésta última con la participación del Subsecretario del Trabajo.

Se encuentra en primer trámite legislativo en la C. de Diputados.

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7.         Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para establecer la obligación del empleador de pactar el trabajo a distancia o teletrabajo con la trabajadora embarazada cuando la autoridad decrete una alerta sanitaria por causa de una epidemia u otra enfermedad contagiosa. Boletín N° 13553-13.

El proyecto señala que, si durante el período de embarazo la autoridad decretara una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia u otra enfermedad contagiosa, el empleador deberá pactar con la trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX, Título II del Libro I de este Código, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren y la trabajadora consintiere en ello. Si las naturalezas de las funciones de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ésta y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo.

La Comisión del trabajo sesionó el día 21 de julio para continuar con la presente discusión, contando en ésta última con la participación del Subsecretario del Trabajo.

Se encuentra en primer trámite legislativo en la C. de Diputados.

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8.         Proyecto de reforma constitucional, sobre derecho de propiedad, con relación al retiro de fondos previsionales. Boletín N° 13571-07.

El proyecto de ley señala que, en materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, de conformidad al artículo 41, los afiliados podrán retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. La ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos, una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe.

La Comisión de Constitución del Senado sesionó los días 01 y 07 de julio donde se continuó el estudio del proyecto de reforma constitucional sobre derecho de propiedad, con relación al retiro de fondos previsionales. Expusieron en relación con esta iniciativa: la Directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, señora Bettina Horst, y el Abogado, señor Mauricio Daza.

Se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado.

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9.         Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica. BOLETINES N°s 13.399-05, 13.400-05 y 13.592-05, refundidos.

El proyecto señala que en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional.

La Comisión de Constitución sesionó los días 03, 08, 15 y 21 de julio para continuar con la presente discusión, produciéndose en ésta última el despacho para sala del mismo, aprobándose y pasando a segundo trámite.

Se encuentra en segundo trámite legislativo en la C. de Diputados.

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10.       Proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Boletín N° 12409-03.

El proyecto modifica materias, relativas a la regulación tanto del derecho a retracto en compras celebradas por medios electrónicos como de los contratos de adhesión; Ampliar los derechos del consumidor financiero y el derecho de prepago referido al consumo; Modificar las normas referidas a la garantía legal, estableciendo claramente que el consumidor tiene el derecho a elegir entre la trilogía de derechos que la ley establece; establece el deber de información en caso de sobreventa de pasajes aéreos, ajustando en este caso las compensaciones en caso de denegación de embarque conforme a estándares internacionales; extiende la garantía legal de 3 a 6 meses; obligación de los proveedores de informar en las boletas de cobro la suspensión de los servicios; obligación de los proveedores de datos personales de informar a los consumidores afectados las violaciones de seguridad que afecten sus datos personales; modificar el monto mínimo de prepago de crédito desde 20% a 10%; Otras medidas aeronáuticas: prohibición no-show; entregar asientos contiguos; asegurar condiciones de seguridad para traslado de animales; establece una garantía especial para automóviles.

La Comisión de Economía sesionó los días 02, 08, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de julio para continuar con la presente discusión, dejando citada para el día 04 de agosto su continuación. 

Se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado.

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11.       Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227. Boletín N° 13624-03.

El proyecto establece que para acceder a las prestaciones del seguro se rebajan a tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato, o a seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores al mes de término del contrato, debiendo ser en este caso las últimas dos cotizaciones continuas con el mismo empleador.
Respecto al pago de las prestaciones, se establecen de manera transitoria tablas con cobertura de beneficios por cesantía que reemplazan las tablas regulares establecidas en los artículos 15 y 25 de la ley Nº 19.728.
El cambio establece una cobertura sostenida que a partir del segundo mes no baja del 55% de la remuneración promedio del trabajador y que en el quinto giro se establece en un 45%, pudiendo alcanzar hasta el 55% antes mencionado, mediante la dictación de un decreto supremo que considere ciertos parámetros para su incremento. En el caso de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, también se establece una cobertura en los términos antes mencionados, quedando limitada a los valores superiores e inferiores determinados para las prestaciones con cargo a dichos recursos.
Se establece un mínimo de cobertura durante el período de suspensión del contrato de trabajo equivalente al 55% de la remuneración promedio del trabajador previa a la suspensión, lo que regirá desde el segundo hasta el cuarto mes de cobertura, sin distinguir entre trabajadores con contrato a plazo indefinido y trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado. El quinto mes tendrá el mismo tratamiento de las prestaciones del Seguro de Desempleo.
Se establece además que, a contar de la vigencia de la presente ley, aquellos trabajadores que estuvieren percibiendo o tengan derecho a percibir las prestaciones a que se refiere esta ley, las recibirán en los porcentajes mejorados conforme a las nuevas tablas antes referidas, según corresponda.
El proyecto establece además una regla que regule la forma en que se podrá, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, otorgar una retribución adicional a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.  Ello, será determinado mediante un estudio que será elaborado por la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos a más tardar en agosto de 2021.

La Comisión del Trabajo sesionó los días 08, 15 y 20 para continuar con la presente discusión, despachándose y pasando a la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Hacienda sesionó los días 29 y 30 de julio para comenzar con la presente discusión.

Se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado.

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12.       Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República, que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. Boletín N° 13564-05.

El proyecto contiene las siguientes modificaciones:

A.        Regulación relativa a Fondos de Pensiones: Se propone incorporar la posibilidad de que los Fondos de Pensiones puedan invertir en títulos de deuda no inscritos, siempre que sean transados en una bolsa de valores nacional, el emisor se encuentre inscrito en el correspondiente Registro de la Comisión para el Mercado Financiero y se cumpla con las demás condiciones que la Superintendencia de Pensiones establezca. Asimismo, se propone aumentar el rango dentro del cual el Banco Central de Chile puede establecer el límite para la inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos, lo cual permitirá una mayor diversificación y la oportunidad de alcanzar mejores combinaciones de riesgo retorno.
B.        Modificaciones a normas aplicables a compañías de seguros: Se incorpora una medida prudencial que supedita el reparto de dividendos al cumplimiento de una razón de solvencia de la compañía. Se entrega flexibilidad a la Comisión para el Mercado Financiero para determinar el límite máximo de endeudamiento financiero dentro de un rango determinado. Se modifican normas relativas a la clasificación de riesgo que requieren ciertas inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo. Se modifican las normas aplicables para el tratamiento de excesos, en caso de que se superen los límites establecidos para las inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo.
C.         Emisión de títulos de deuda en el mercado de valores: Se establece un sistema de inscripción automática de títulos de deuda en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, para aquellos emisores que encontrándose ya inscritos en tal Registro, presenten una solicitud de inscripción cumpliendo con los requisitos que para el efecto establezca la Comisión para el Mercado Financiero. Se acortan plazos relacionados a la citación de juntas de accionistas o asambleas de socios de emisores de valores de oferta pública. Adicionalmente, para las sociedades anónimas abiertas se permite que la Comisión para el Mercado Financiero establezca nuevas formas de citación. Se establece la posibilidad de que para determinadas emisiones de títulos de deuda que cumplan con los requisitos que la Comisión para el Mercado Financiero establezca, la contratación de clasificaciones de riesgo sea voluntaria. Respecto al derecho de opción preferente de los accionistas de una sociedad anónima sobre aumentos de capital o la emisión de títulos convertibles en acciones, se permite la renuncia de dicho derecho en la misma junta de accionistas en que se acuerde la emisión en cuestión.
La Comisión de Hacienda sesionó los días 01, 02, 06, 07, 08 y 13 de julio para continuar con la presente discusión.
Se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado.

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13.       Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático. Boletín:13191-12.

El proyecto incorpora una serie de principios que orientan el proyecto de ley en su conjunto; crea diversos instrumentos de gestión para el cambio climático, que cuentan con una estructura jerárquica, estableciendo instrumentos de largo, mediano y corto plazo, que entregan lineamientos para otros instrumentos de alcance sectorial y territorial. Estos instrumentos son: Neutralidad de emisiones al 2050; estrategia climática de largo plazo; contribución determinada a nivel nacional, planes Sectoriales de mitigación al cambio climático, planes sectoriales de adaptación al cambio climático, reporte de acción nacional de cambio climático, planes de acción regional de cambio climático; y planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas;

Establece, además, normas de emisión de gases de efecto invernadero y certificados de reducción de emisiones; se reforzó la institucionalidad existente, dotándola de nuevas facultades, definiendo sus obligaciones y responsabilidades en la materia; Se crea el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, el Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero, el Sistema de Certificación de Gases de Efecto Invernadero, la Plataforma de Vulnerabilidad Climática, y el Repositorio Científico de Cambio Climático; Se incluye el principio de transversalidad, en virtud del cual la actuación del Estado debe promover la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil en la gestión del cambio climático; El proyecto de ley contempla una Estrategia Financiera de Cambio Climático, la que establecerá los principales lineamientos para orientar la contribución del sector público y privado; se incorpora la variable climática en una serie de instrumentos, entre ellos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), los instrumentos de gestión de riesgos de desastres, y los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial.

La Comisión de Medio Ambiente sesionó los días 02 y 09 de julio para continuar con la discusión del presente proyecto de ley, produciéndose la aprobación en general es ésta última.

Se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado.

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14.       Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República, para reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones. Boletín N° 11632-15.

El proyecto reconoce el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones.

La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado sesionó los día 08, 15, 22 y 29 de julio para continuar con la discusión del presente proyecto de ley.

Se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado.

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15.       Proyecto de ley, que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio. Boletín N° 10198-11, 10337-11,10513-11,10556-11,10835-11 refundidos

La presente ley tiene por objeto disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para consumo humano en cualquier punto de su cadena productiva, recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo y fomentar sistemas alimentarios sostenibles.
Señala que, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan y comercialicen productos alimenticios deberán donarlos o entregarlos en forma gratuita, oportuna, directamente y a su elección, a una entidad intermediaria o a un receptor final, con los que deberá suscribir previamente un convenio, en la forma y con los beneficios y condiciones previstos en esta ley.
Los alimentos con proximidad a su fecha de vencimiento deberán entregarse seis días antes del término dicha fecha de vencimiento y quienes los donen o entreguen serán en todo caso responsables por la condición de los alimentos entregados, así como por su inocuidad. Los alimentos que precisen frío para su conservación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
Los fabricantes, productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios que no hubieren podido, por caso fortuito o fuerza mayor, donar o entregar gratuitamente alimentos aptos para el consumo humano a entidades intermediarias o receptores finales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, podrán dar cumplimiento a dicha norma si dichos alimentos son donados o entregados gratuitamente a entidades públicas o privadas, con o sin fines lucro, para los fines ahí indicados. Además, deberán publicar en sus sitios electrónicos la cantidad de alimentos disponibles donados o entregados gratuitamente a entidades intermediarias y receptores finales con los que mantengan convenio vigente. Al menos una vez al año, las empresas donantes deberán enviar la información publicada a la Subsecretaría de Salud Pública, para fines estadísticos.  

Asimismo, en el caso de que no existan entidades o receptores con convenio vigente que reciban los alimentos aptos para consumo humano, cualquier otra persona jurídica sin fines de lucro podrá acceder a dicha información y ver la disponibilidad de alimentos, con la finalidad de solicitar su entrega y distribuirlos, bajo estricta prohibición de comercializarlos.

Un reglamento regulará la forma de publicación de dicha información, la incorporación de información sobre alimentos disponibles, el tiempo en que la lista de alimentos deba permanecer en dicha publicación, los requisitos que deberán cumplir las entidades intermediarias y receptores finales, la información de contacto y la forma de disponer de dichos alimentos.

Las donaciones o entregas gratuitas de alimentos realizadas de conformidad con esta ley se regirán por lo dispuesto en el ordinal 3º del inciso cuarto del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta

La Comisión de Salud sesionó los días 07 y 14 de julio para continuar con la discusión del presente proyecto, aprobando en particular la iniciativa.

Se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado.

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16.       Proyecto de ley que mejora las pensiones del Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica. Boletín N° 12212-13.

El proyecto de ley señalan principalmente que, establecerá un aporte del 3% adicional y gradual, que será de cargo del empleador y que se va a sumar al 10% actual, y complementará el ahorro previsional de cada trabajador; crea un Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario que se financia con un aporte adicional y gradual de 3%, de cargo del empleador y un aporte inicial del Estado; aumenta las pensiones, en el caso de los hombres, este aumento será de 2 UF, en el caso de las mujeres el beneficio será de 2,5 UF; los futuros pensionados, que completen un número mínimo de cotizaciones que va a ser establecido, recibirán estos mismos incrementos en sus pensiones; ningún pensionado quedará por debajo de la línea de pobreza; as pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo, expresado en UF; todos los recursos de este 6% de cotización adicional, que son de cargo del empleador, serán administrados por una Institución Pública Autónoma y con muy exigentes requisitos de sustentabilidad, profesionalismo, eficacia y transparencia; para el 10% que actualmente administran las AFP, se abrirá espacio a nuevos actores como sociedades sin fines de lucro, cooperativas de afiliados y otras; Se introducirá mayor participación de los afiliados en la gestión de sus ahorros previsionales, el Consejo Consultivo Previsional deberá revisar periódicamente los parámetros del sistema, incluyendo las tablas de expectativas de vida.

La Comisión del Trabajo sesionó los días 06, 13, 20 y 29 de julio para continuar con la discusión del presente proyecto.

Se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado.

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V. RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

1.         ORD. N° 1069 DE 02 de julio de 2020. Solicita confirmar criterios relativos al aporte de bienes en la constitución de una fundación.

Se ha solicitado al Servicio confirmar los criterios que señala relativos al aporte de bienes a una fundación en el acto de su constitución.

A lo cual responde que, respecto de las materias específicamente consultadas: a) Tratándose del aporte de bienes, distintos del dinero, efectuado a una fundación en el acto de su constitución, la fundación deberá reconocer como valor tributario el valor corriente en plaza que tengan dichos bienes al momento del aporte. Ese valor, a su turno, constituye para la fundación un ingreso no renta en virtud del N° 5 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin perjuicio que, en cuanto enajenación, dicho aporte pueda tasarse conforme las reglas generales.  b) Al aporte de bienes efectuado en el acto de constitución de una fundación no es aplicable lo dispuesto en la Ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencias, Asignaciones y Donaciones. c) En la medida que el constituyente o fundador no recibe un beneficio económico en el aporte o entrega de bienes a la fundación en el acto de destinación o dotación, no se genera para el referido constituyente o fundador un incremento de patrimonio gravado con impuesto a la renta.

2.         ORD. N° 1297, DE 08 de julio 2020. Exención a empresas hoteleras por ingresos en moneda    extranjera    percibidos    por servicios a turistas chilenos sin domicilio o residencia en Chile.

Se ha solicitado al Servicio indicar como acceder a los beneficios que otorga el artículo 12, letra E, Nº 17 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en el caso de turistas provenientes del extranjero que visiten Chile.

A lo anterior, se señala que la exención del Impuesto al Valor Agregado del artículo 12, letra E), Nº 17 de la LIVS, por los ingresos percibidos en moneda extranjera, solo procede respecto de los servicios prestados a turistas extranjeros, sin domicilio ni residencia en Chile.
 
Teniendo el solicitante la nacionalidad chilena, está obligado al pago del IVA por los servicios de alojamiento que le sean prestados.

3.         ORD. N° 1309, DE 10 de julio de 2020. Solicita confirmar aplicación de criterio contenido en Oficio Nº 1991 de 2019.

Se ha solicitado a este Servicio confirmar aplicación del criterio contenido en el Oficio Nº 1991 de 2019, sobre exención establecida en el artículo 13, N° 3 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, al caso que describe.
A lo cual responde que, considerando lo expuesto en la presentación, la empresa por la cual se consulta calificaría como una empresa de movilización urbana y los ingresos por el servicio prestado provendrían del transporte de pasajeros, quedando exentos de IVA conforme al artículo 13 Nº 3 de la LIVS, de acuerdo al criterio establecido en el Oficio Nº 1991 de 2019.
 Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento efectivo de las condiciones descritas en su presentación y la aplicación al caso concreto de lo interpretado en el Oficio Nº 1991 de 2019 es una cuestión de hecho, entregada a las instancias de fiscalización.

4.         ORD. N° 1310, DE 10 de julio de 2020. Tratamiento     tributario     y     emisión     de documentación por el cobro de energía eléctrica que un arrendador efectúa a su arrendatario.

Se ha solicitado al Servicio un pronunciamiento sobre el tratamiento tributario y emisión de documentación por el cobro de energía eléctrica que un arrendador efectúa a su arrendatario.

A lo cual responde que, conforme lo expuesto precedentemente, no es posible confirmar el procedimiento descrito en su presentación, relativo a la contratación del suministro de energía eléctrica.
 Por lo tanto, no corresponde que la empresa arrendadora, actuando como mandatario sin representación, facture los servicios eléctricos a su mandante, debiendo efectuar la rendición de dichos gastos mediante cualquier otro documento interno que estime conveniente y que acredite fehacientemente la operación.

5.         ORD. N° 1315, DE 13 de julio de 2020. Aplicación de la exención establecida en el artículo 24 N° 17 de la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.

Se ha solicitado al Servicio confirmar los criterios que señala relativos a la aplicación de la exención establecida en el artículo 24 N° 17 del Decreto Ley N° 3.475, de 1980, Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, a la operación de refinanciamiento que indica.

A lo cual responde que respecto de los criterios que solicita confirmar, se informa que:
 1) La colocación de bonos constituye una operación de crédito de dinero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.010, según ha resuelto este Servicio en los oficios que indica en su presentación.
 2) Los bonos suscritos con motivo de su colocación se comprenden en el supuesto previsto en el párrafo primero del N° 17 del artículo 24 de la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.
 3) El refinanciamiento del crédito original que la empresa está considerando llevar a cabo a través de la colocación de un bono, cumplidos los demás requisitos legales exigidos por el citado artículo, estará exenta de dicho impuesto; cuestión de hecho cuya verificación corresponde a las instancias de fiscalización.
4) No aplica dicha exención en el caso que el refinanciamiento sea parcial, quedando parte del crédito original pendiente de pago.

6.         ORD. N° 1330 DE 14 de julio de 2020. Impuesto sustitutivo del artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley N° 21.210, en el caso de empresas resultantes de división efectuada el año 2019.

Se ha solicitado al Servicio un pronunciamiento sobre la procedencia del impuesto sustitutivo de impuestos finales regulado en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley N° 21.210, en el caso de empresas resultantes de una división efectuada el año 2019, de una sociedad que registraba utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2016.

A lo cual le responde que, las rentas generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 por una sociedad que se dividió en el año 2019 y que aún las mantiene pendientes de retiro o distribución, ya sea en la sociedad que se divide y/o en las nuevas sociedades que nacen producto de la división, pueden sujetarse a la opción que establece el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley N° 21.210, respecto de las utilidades que se mantienen pendientes de retiro o distribución a la fecha en que se ejerza la opción.

7.         ORD. N° 1337 DE 15 julio de 2020. Tratamiento tributario del mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces fusionados.

Se ha solicitado al Servicio un pronunciamiento sobre el tratamiento tributario del mayor valor obtenido en enajenación de un bien raíz originado de la fusión de tres bienes raíces.

A lo cual se responde que, para determinar el tratamiento tributario del mayor valor obtenido en la enajenación de un bien raíz resultante de una fusión, cuando algunos de los bienes raíces fusionados fueron adquiridos antes del año 2004 y otros después, se deberá distinguir según la parte o cuota que, en el mayor valor total, le corresponda a cada bien raíz individualmente considerado, siempre que se cumplan los requisitos para calificar la parte o cuota que corresponda como un ingreso no renta, ya sea en su totalidad o con el tope de las 8.000 UF, conforme la legislación aplicable.

8.         ORD. N° 1344 DE 17 de julio de 2020. Devolución de retenciones por prestación de servicios profesionales que soportaron retenciones de impuestos en el exterior.

Se ha solicitado al Servicio un pronunciamiento sobre la procedencia de obtener un anticipo de las retenciones de impuestos soportadas por servicios prestados en el exterior.

Conforme a lo expuesto, se informa que: 1) No procede la devolución de las retenciones soportadas por servicios prestados en el extranjero, al no cumplirse los supuestos previstos en el N° 7 del artículo 1° del Decreto N° 420 del Ministerio de Hacienda. 2) Las rentas obtenidas por la prestación de servicios por los cuales consulta no se encuentran sujetas a la obligación de efectuar PPM, bajo la condición que hayan sido gravadas en el extranjero y el contribuyente tenga derecho a utilizar tales tributos como crédito en Chile en los términos del artículo 41 A de la LIR.

9.         RESOLUCIÓN EX. SII N° 83 de fecha 20 de julio de 2020. Fija procedimiento administrativo a que se deben someter las solicitudes efectuadas por los contribuyentes en el marco de lo dispuesto en el artículo trigésimo tercero transitorio de la ley N°21.210.

Los contribuyentes que deseen terminar una gestión judicial pendiente a la fecha de su presentación al Servicio y con posterioridad al 1 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 21.210, deberán presentar una solicitud a través del Sistema de Peticiones Administrativas (SISPAD), contenido en la página web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl), individualizándose con su número de rol único tributario (RUT) y clave, reconociendo la existencia de la deuda, acompañando los antecedentes suficientes para identificar la causa: Tribunal (Tribunal Tributario y Aduanero, Corte de Apelaciones, Corte Suprema), número de RIT, RUC o Rol de ingreso de la causa, según corresponda y, ofreciendo caución suficiente para el pago de la deuda reconocida. 

Además, señala que, se considerará caución suficiente, aquella de cualquier naturaleza que garantice el pago de al menos un 30% del total de la deuda, determinada conforme al número precedente. Entre otras posibilidades, esta caución podrá consistir en depósitos en dinero que ingresa en arcas fiscales, prenda, hipoteca, fianza, boletas de garantía, depósitos a plazo endosables al Fisco, y en general cualquier otro documento que dé cuenta de un crédito o deuda, que posea mérito ejecutivo y que ofrezca garantía eficaz de los intereses fiscales en este caso, como asimismo, cualquier otra forma de garantía o caución, por ejemplo, bienes raíces o vehículos, lo que deberá evaluarse caso a caso.

VI. SENTENCIAS JUDICIALES RELEVANTES

1.         Libertad de información. Causa Nº 79120-2020, Apelación Protección, Corte Suprema, 22-07-2020.

En forma unánime Tercera Sala de la Corte Suprema confirma sentencia apelada y improcedente utilizar el recurso de protección para impugnar decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información de Universidad no estatal. Se declaró que no se constata la existencia de un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales toda vez que se trata de un procedimiento administrativo que se llevó a cabo ante el Consejo para la Transparencia en conformidad a las atribuciones que le son conferidas por la Constitución y la ley, siguiendo las etapas previstas en el procedimiento regulado en la Ley N° 20.285, existiendo un reclamo de ilegalidad especial.

2.         Prescripción. Causa Nº 19139-2019, Corte Suprema, 13-07-2020.

Primera Sala de la Corte Suprema en fallo unánime rechaza recurso de casación en el fondo y confirma sentencia que declaró la prescripción de cobro bancario de deuda de crédito con aval del Estado (CAE). Se descartó infracción de ley en la sentencia impugnada atendido que el beneficio excepcionalísimo de imprescriptibilidad de la deuda, por concepto de obligaciones contraídas bajo la modalidad del llamado crédito con aval del Estado, está establecido en favor del Fisco, sin que tal beneficio alcance a la institución bancaria mutuante, sino en la medida que cumple con las condiciones previstas en la Ley y haya sido debidamente facultado para su cobro.

3.         Libertado de información. Causa Nº 31817-2019, Corte Suprema, 06-07-2020.

En forma unánime, Tercera Sala de la Corte Suprema confirma sentencia apelada, y se rechaza Recurso de Protección presentado contra reportaje periodístico. Señaló que la libertad de expresión e información son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, y que la emisión de reportaje de tv que se refiere a adopciones irregulares, son hechos de interés público que priman sobre el derecho al honor del aludido.

4.         Retiro de fondos. Causa Nº 33773-2019, Corte Suprema, 03-07-2020.

Con prevención, Tercera Sala de la Corte Suprema confirma sentencia apelada que rechazó Recurso de Protección que negó el retiro total de fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de recurrentes cotizantes de AFP. Se descartó actuar arbitrario de la administradora de fondos de pensiones al no acceder al retiro de los fondos ya que el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley; sin embargo, ordenó a la recurrida informar a los cotizantes de las opciones legales que existen para el retiro parcial o total del dinero acumulado.

5.         Derecho a la Honra. Causa Nº 72201-2020, Corte Suprema, 02-07-2020.

Máximo tribunal confirma sentencia apelada y rechaza recurso de protección presentado en contra de diario electrónico que publicó noticia del recurrente. Se indicó que no afecta derecho a la honra publicación de diario electrónico que da cuenta del acontecer que compromete al recurrente, sin que se haga participe de las acusaciones que se formulan, porque relata hechos expuestos según fuentes a las que alude reportaje.

6.         Registro de marca. Causa Nº 27031-2019, Corte Suprema, 26-06-2020.

Segunda Sala de la Corte Suprema en fallo unánime rechaza Recurso de Casación en el Fondo, confirmando sentencia que rechazó oposición de registro de marca de similitud fonética y gráfica. Se indicó que el recurrente en verdad no persigue la corrección de una vulneración de ley, sino una nueva revisión de instancia incompatible con la naturaleza del arbitrio ejercido. Además, el reclamo no precisa la específica regla de la sana crítica vulnerada, en relación a qué medio probatorio fue mal aplicada, ni cómo su correcta aplicación en la valoración de esa probanza habría llevado necesariamente a concluir lo que interesa al recurrente, único modo en que dicha infracción puede alcanzar influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

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