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EDITORIAL

Encuesta: Convención y expectativas

Como pocas, la encuesta del Centro de Estudios Públicos es el estudio de opinión más esperado en el medio chileno. Viene siendo desde hace muchos años el oráculo de Delfos de las candidaturas presidenciales, lo que en un año electoral es el ingrediente justo para alentar esfuerzos, modificar estrategias y definir nuevas actitudes para quienes se han arriesgado a esta peligrosa carrera de largo aliento e insospechados resultados.

Al fin salió esta semana -15 de septiembre- la Encuesta CEP 85 (Agosto de 2021) y a diferencia de otras -como era de esperar- trae las primeras mediciones relativas a la Convención Constitucional, deteniéndose en algunos aspectos que conviene tener en cuentas: primero, nos indica que el 61% de los encuestados prefiere constituyentes que privilegien los acuerdos aunque ello signifique que tengan que ceder en sus posiciones; y, enseguida, frente a la pregunta ¿cree que la nueva Constitución ayudará a resolver los problemas de Chile o dejará las cosas iguales o peor? El 49% de los encuestados cree que ayudará a resolver los problemas (aunque ya a dos meses de funcionamiento de la Convención hay un 7% de merma en la expectativa); un 30 % cree que dejará las cosas igual; y, finalmente, un 15% cree que las empeorará (anotando un pesimismo creciente en un 5%).

Como se ve, en los escasos meses de funcionamiento de la Convención, destinados íntegramente a convenir y formular su Reglamento de funcionamiento se han ido mermando las expectativas iniciales, a lo que se une el evidente daño reputacional que le puede causar el comportamiento de uno de sus miembros íconos, que integraba una Lista que hoy tampoco existe. Conviene que los convencionales, de cualquier origen, se detengan y reflexionen en estos resultados y presten atención al verdadero grito con megáfono que se encarna en un número: el 61.

Una mayoría relevante espera que quienes han asumido este esencial rol de participar en la creación de una nueva Carta Fundamental, conversen, discutan, dialoguen, busquen acuerdos, aunque deban ceder posiciones. Los entrevistados coinciden en que la Constitución, como norma superior, de cabida a posiciones fruto del diálogo y no de las mayorías circunstanciales. No es un problema de arrasar, es un problema de convenir, de acordar, de aceptación de mayorías y respeto de minorías, que es precisamente la clave que permitió asentar en el trasnoche del 15 de noviembre, la regla de los 3/4. Eso al menos es lo que dice esta encuesta.

ENTREVISTA DE INTERÉS

“El principio de subsidiariedad es compatible con una protección social robusta”

Cristián Pizarro Allard, El Mercurio, 5 de septiembre, D 11 (Reportajes

La destacada filósofa francesa Chantal Delsol, entró de lleno a la discusión sobre el principio de subsidiariedad del Estado, identificado por algunos, como la clave esencial de la pérdida del rol del Estado y al que apuntan como el causante de esa ausencia del Estado en los aspectos esenciales de instalación de una sociedad de bienestar.

Indica que las entidades superiores deben dejar actuar a las entidades inferiores cuando tienen la fuerza y la voluntad. Pero también dice que las entidades superiores deben ayudar a las entidades inferiores cuando estas no se bastan a sí mismas. En otras palabras, es una exigencia de dejar actuar más la exigencia de ayudar. Necesitamos autonomía, porque nuestra acción nos configura. Debemos acceder a cierto nivel de bien común, y nuestra autonomía no siempre basta para ello.

El principio de subsidiariedad es, por tanto, una cuestión de equilibrio: ¿hasta dónde debe permitirse la autonomía? No hay respuestas prefabricadas a esta pregunta. Si los chilenos deciden que una sólida protección social para todos es parte integrante del bien común, desde la subsidiariedad se dejará que los individuos y las comunidades locales se ocupen de ello primero, en la medida de sus posibilidades, y cuando no lo hagan, se ocuparán las autoridades superiores, hasta el propio Estado.

El Estado subsidiario no es un Estado que no protege, sino un Estado que sólo protege a los que no pueden protegerse a sí mismos, ya sean individuos o grupos. El Estado de bienestar, en cambio, protege a todos sistemáticamente, sin preguntarse que puede hacer uno por sí mismo. El Estado de bienestar no cree en el valor de la autonomía. Las demás claves están en su reciente libro El Estado subsidiario, que a estas alturas parece transformarse en una lectura necesaria.

Fuga de Convencionales de la Lista del Pueblo y cuestionamiento de sus Convencionales electos

La Lista del Pueblo ha padecido estas semanas varias dificultades en su funcionamiento, las que la tienen hoy en una situación crítica. En un primer momento, el problema radicaba en la fuga constante de convencionales de la Lista, lo que tuvo su punto más álgido el 1 de septiembre, cuando 17 convencionales electos se desmarcaron de la colectividad, anunciando la conformación de una nueva coordinación denominada “Pueblo Constituyente”.

Asimismo, y luego del comunicado oficial emitido por el Servicio Electoral, denunciando que gran parte de las firmas de patrocinio a la candidatura presidencial de Diego Ancalao habían sido autorizadas en una notaría que dejó de prestar servicios el año 2018, el mismo organismo anunció que revisará todos los patrocinios notariales a la Convención Constitucional, lo que significa otro cuestionamiento más a la ya debilitada Lista del Pueblo.

Convención solicita aumento de $1.773 millones en asignaciones

La Convención Constitucional ofició al Gobierno para solicitar realizar las gestiones para suplementar lo indicado en los ítems “subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo” y “subtítulo 24: Transferencias corrientes”, del Presupuesto 2021.

Respecto del primero de ellos, se pide aumentar en más de $393 millones el presupuesto para, entre otros, contratar servicios que permitan de traducción en lenguaje de señas, firma electrónica avanzada, entre otros, y en cuanto al segundo, se pide un aumento de más de $1.773 millones para cubrir asignaciones del artículo 134 inciso final de la Constitución Política. Lo anterior fundamentado en que el presupuesto originalmente propuesto por el Ministerio de Hacienda no refleja la realidad de la operación de la Convención Constitucional.

Agenda

Herramientas constituyentes para elaborar una Nueva Constitución en democracia.
Ciclo de diálogos constituyentes “Ciudadanos cívicamente aptos”: Educación para la Paz
Ciclo de diálogos constituyentes “Ciudadanos cívicamente aptos”: Educación para la Paz
Herramientas constituyentes para elaborar una Nueva Constitución en democracia.
Presentación de Informe Técnico de la OIT: Consideraciones para una Constitución Laboral
Lanzamiento libro “Temas de Derecho Internacional para el Diálogo Constitucional Chileno”
Lanzamiento libro “Temas de Derecho Internacional para el Diálogo Constitucional Chileno”
Presentación de Informe Técnico de la OIT: Consideraciones para una Constitución Laboral

El caso de Islandia… a tenerlo en cuenta

La sección Entretelones de Crónica Constitucional (El Mercurio, 3 de septiembre, pág. 4) nos trae el largo camino que ha debido recorrer Islandia para la construcción de una nueva Carta Fundamental.

El viaje comenzó hace más de 12 años, luego de la llamada “Revolución de las cacerolas”, que fue el nombre de las protestas que se efectuaron luego de la crisis que económica y social que dejó el colapso bancario de 2008 y 2009. Era necesario crear una nueva Constitución que reemplazara a la de 1944 que instalada como provisional aún sigue vigente.

Como es conocido también por acá, el blanco de la rabia era la clase política y los banqueros, así que fue un “manos a la obra”, tratando de darle un necesario protagonismo a la ciudadanía, y no a los partidos políticos. Nombraron una Comisión Constitucional, de 7 miembros. Esta convocó a un foro de 950 ciudadanos elegidos al azar, para que definieran los contenidos de la Carta que debía prepararse y luego se llamó a elección de los miembros que integrarían una Asamblea Constituyente de 25 miembros. Fue un proceso espectacular desde el punto de vista del seguimiento ciudadano. En julio de 2011 se presentó al Parlamento la propuesta de nueva Constitución, la que recibió críticas de expertos constitucionales por su vaguedad o la amplitud o difusión del contenido de varios de sus artículos. En octubre de 2012 se realizó un referéndum ratificatorio, que la aprobó, aunque con baja participación electoral, y aún no entra en vigor. Sucede que, de acuerdo con el ordenamiento islandés, para que ello ocurra, se requiere el voto conforme de dos parlamentos consecutivos, y ello no ha sucedido aún. Y la clave de este incordio es que los partidos políticos no han dejado que ello ocurra, como se ve, sin ciudadanía la cosa no avanza, y sin partidos la cosa no termina. Hay que estar mirando las experiencias que el mundo nos ofrece en esta materia. Aunque nos cuesta creerlo, no somos los únicos que tenemos problemas estructurales con el poder.

Calendario de la convención en septiembre

La Convención Constitucional publicó un calendario de sus actividades para el mes de septiembre, que estarán orientadas a la discusión y adopción del reglamento definitivo de trabajo, a partir de las propuestas realizadas por las comisiones transitorias que funcionaron hasta el 28 de agosto. Lo anterior, con el objetivo de permitir que los 155 convencionales puedan conocer en detalle dichas propuestas.

La propuesta sugiere que se otorgue un plazo entre el lunes 6 y el miércoles 8 de septiembre para que los convencionales analicen el texto, procediéndose a la votación general en el pleno de la Convención los días jueves 9 y viernes 10 de septiembre. Luego, el martes 13 y miércoles 14 se abriría un plazo para presentar indicaciones, elaborándose un documento comparado los días 15 y 16 de septiembre. Finalmente, desde el martes 21 al jueves 23 de septiembre tendría lugar el debate y votación, en el pleno de la Convención, de las enmiendas que se realicen al documento, el que entraría en vigencia entre los días 29 y 30 de septiembre.

Pleno de la Convención aprobó propuestas de comisiones transitorias por mayoría simple

El pleno de la convención constituyente decidió, el lunes 13 de septiembre, que las propuestas emanadas de las comisiones transitorias requerirán solamente mayoría simple para ser aprobadas.

Lo anterior es una decisión sumamente significativa, puesto que la misma se encuentra en oposición al quórum de 2/3 que se fijó el 15 de noviembre de 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución para efectos de acordar normas y el reglamento de funcionamiento.

Las opiniones de los convencionales, tanto a favor como en contra de dicha decisión, pueden revisarse en la nota que elaboró al respecto La Tercera.

En virtud de lo anterior, el día 14 de septiembre fue aprobado en general tanto el reglamento de la Convención Constitucional, como las propuestas de las comisiones de Ética, Participación Indígena, Participación Popular y Derechos Humanos. El detalle de las votaciones puede revisarse en la siguiente nota del Diario Constitucional.

Habiéndose cumplido con esta parte del calendario, la siguiente etapa consistirá en la proposición y votación de indicaciones a las normas aprobadas en general por la Convención.

Calendario de la convención en septiembre

La Convención Constitucional publicó un calendario de sus actividades para el mes de septiembre, que estarán orientadas a la discusión y adopción del reglamento definitivo de trabajo, a partir de las propuestas realizadas por las comisiones transitorias que funcionaron hasta el 28 de agosto. Lo anterior, con el objetivo de permitir que los 155 convencionales puedan conocer en detalle dichas propuestas.

La propuesta sugiere que se otorgue un plazo entre el lunes 6 y el miércoles 8 de septiembre para que los convencionales analicen el texto, procediéndose a la votación general en el pleno de la Convención los días jueves 9 y viernes 10 de septiembre. Luego, el martes 13 y miércoles 14 se abriría un plazo para presentar indicaciones, elaborándose un documento comparado los días 15 y 16 de septiembre. Finalmente, desde el martes 21 al jueves 23 de septiembre tendría lugar el debate y votación, en el pleno de la Convención, de las enmiendas que se realicen al documento, el que entraría en vigencia entre los días 29 y 30 de septiembre.