DIARIO FINANCIERO – La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, fue una de las voces críticas que se presentó la semana pasada ante la comisión de Economía de la Cámara para analizar la moción parlamentaria denominada ‘borrón y cuenta nueva’.
La iniciativa tendría un carácter universal y busca eliminar los registros de deudas impagas menores de $ 2,5 millones, aunque no condona estas obligaciones.
En entrevista con DF, Vial manifiesta que ‘a nuestro entender, el proyecto en la práctica es un perdonazo’.
La dirigente gremial sostiene que ‘lo que más preocupa es que el proyecto hará que las personas que hoy sufren una situación de sobreendeudamiento, acrecienten su crisis y entren en un callejón financiero y emocional sin salida’.
La CCS agrupa a más de 2 mil 400 socios y son dueños del Boletín Comercial. Por ello, Vial apunta que si la iniciativa se concreta ‘nuestros socios no podrán cobrar las deudas impagas que se hayan hecho exigibles antes del 20 de abril, con el inevitable perjuicio patrimonial que puede llegar a la quiebra en algunos casos’.
– ¿Qué visión tiene del proyecto?
– Se limita el acceso al crédito a todas las personas, perjudicando especialmente a quienes estando en el mismo tramo han hecho el esfuerzo de cumplir con sus obligaciones. Este esfuerzo se invisibiliza por este proyecto, se impide que demuestren su buen comportamiento para conseguir el acceso y las condiciones favorables que merecen.
– ¿En qué situación quedan las personas que mantienen incumplimientos financieros?
– Quienes mantienen incumplimientos que serán borrados del sistema tienen la ilusión de que podrán acceder al crédito nuevamente, esta vez con condiciones menos favorables. Es importante destacar que no desaparecen sus deudas impagas, por lo que tienden a sobreendeudarse.
– ¿Qué se le puede decir a las personas que están en situación de impago?
– Empatizamos con las dificultades que atraviesan las personas que no han podido cumplir con sus compromisos de pago, pero este proyecto no los favorece ni se hace cargo del problema que los afecta.
– ¿Cuántas personas tienen registros de deudas impagas en el Boletín Comercial de la CCS?
– Al mes de abril de 2022, cerca de 3 millones de personas.
– ¿Qué otros efectos negativos tiene el proyecto?
– Sobre la base de que, para ayudar a las personas endeudadas hay que borrarlas del registro, eso sería bueno porque tendrían una segunda oportunidad. Sin embargo, si una persona está en el registro, ya está sobreendeudada, no ha podido hacer frente a sus compromisos y ‘borrarla’ de éste podría eventualmente permitirle a acceder a más deuda, en peores condiciones.
Para el resto que no está en el registro es tremendamente injusto, porque el mercado, al quedar ciego respecto de esta información le asigna, aplica más riesgo a todo nuevo crédito, por lo que el costo de los préstamos sube.
– ¿Cree que quizás sea mejor replicar algún tipo de ‘borronazo’ similar al que se realizó en otras oportunidades?
– Es muy difícil que alguien sobreendeudado y que está en el registro, al ser borrado, tenga accesos a nuevos créditos. Algunos lo logran con más sobreendeudamiento y en peores condiciones. Además, tienden a subir las tasas de financiamiento y se restringe el acceso al crédito. Estos últimos afectando a todos los que antes no estaban en el registro.
– ¿Entonces, son malos los ‘borrones’ de deuda?
– Son nefastos para el mercado. No logran su objetivo.
Urgencia a Ley de Protección de Datos
– ¿Considera urgente avanzar hacia la creación de un registro de deuda consolidada?
– La existencia de mayor información comercial, negativa y positiva, favorece el desarrollo y masificación del crédito formal, pero antes de avanzar en la tramitación de un proyecto de deuda consolidada, creemos que se debe avanzar en una normativa de protección de datos personales que reconozca a las personas la propiedad y control sobre sus datos.
– ¿Por qué?
– Para cumplir con lo indicado, es fundamental la existencia de una autoridad de protección de datos independiente y autónoma. La inexistencia de una autoridad de control, las bajas sanciones y la inexistencia de potestades de oficio para poder inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ha provocado que Chile sea considerado como un país que no cumple con un estándar adecuado de privacidad de datos.
– ¿Qué políticas públicas debería realizar el Congreso para no fomentar el sobreendeudamiento?
– El Congreso debe asegurar una adecuada institucionalidad legal y normativa para el correcto funcionamiento de los mercados. Algunos ámbitos en los que podría hacer contribuciones significativas son, por ejemplo, la aprobación de una adecuada Ley de Protección de Datos.