Los temas relacionados a seguridad y delincuencia han escalado dentro de las principales preocupaciones de la población. En el caso de las empresas, de acuerdo a una encuesta realizada en agosto por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) como una “radiografía del momento”, un 36% declara haber sido víctima de robos o intentos de robo en lo que va de este año, proporción que sube a un 57% en el caso del comercio minorista.

Los actos delictuales alcanzan también a los trabajadores, que de acuerdo con casi un tercio de las empresas consultadas han sido afectados por este tipo de incidentes en los trayectos desde y hacia sus plazas laborales. Nuevamente, la incidencia es superior en el caso del comercio minorista, alcanzando a un 37%.

El robo de mercancías durante su transporte también es un tipo de incidente que se ha vuelto habitual para las empresas, afectando al 22% de ellas y a un 29% de las minoristas en el presente año. Para este último sector, los cierres forzados de locales durante manifestaciones o hechos de violencia llegan al 24% de las empresas, mientras que la invasión de la vía pública en que se ubican sus locales afectan al 19%.

Los delitos informáticos también se encuentran en aumento, particularmente luego de las etapas de confinamiento que trajeron los primeros años de pandemia, en que las empresas incrementaron el uso de herramientas digitales e Internet. Un 17% de las empresas encuestadas ha sufrido incidentes de este tipo este año, y un 24% en el caso del comercio minorista.

Por último, y si bien en una proporción menor pero no por eso menos preocupante, un 5% del comercio reconoce hacer recibido amenazas de parte de bandas delictuales.

Ante estos riesgos de seguridad, las empresas han emprendido diversas acciones. La mayoría, un 42%, revela haber implementado sistemas tecnológicos de seguridad, como cámaras de vigilancia y circuitos cerrados, mientras un 27% ha invertido en sistemas informáticos para detectar y prevenir los delitos, misma proporción que ha adquirido sistemas de ciberseguridad.

Un poco más abajo, en tanto, se ubican quienes han solicitado más resguardo policial o municipal (17%), y contratado mayor contingente de seguridad privada (16%). El seguimiento judicial de los delincuentes, por su parte, solo es ejercido por el 13% de las empresas, lo que en parte puede deberse a la cuantía de los hurtos individuales comparados con el costo del proceso legal.

Al ser consultadas sobre el tipo de medidas prioritarias que se deberían impulsar para enfrentar esta situación, una clara mayoría de las empresas se inclina por adoptar una política de cero tolerancia contra la delincuencia (77%), y por aumentar la inversión en inteligencia policial para prevenir el delito y desarticular sus redes (64%).

Un 36%, en tanto, agrega que es indispensable erradicar el comercio ilegal, muchas veces correlacionado con el aumento de la delincuencia, y un 34% sugiere un aumento en la dotación y despliegue de las fuerzas de seguridad.

En apoyo a la inteligencia y capacidad de reacción, un 27% propone una mayor cobertura de los sistemas de televigilancia en la vía pública conectados en tiempo real con las fuerzas de seguridad.

Si bien todos estos instrumentos pueden hacer aportes sustantivos en el combate a la delincuencia, es indispensable que sean articulados en el marco de una estrategia de acción amplia y decidida, de alta prioridad y compromiso político, de modo que permita dar una respuesta efectiva a un fenómeno que erosiona las bases de la convivencia social y económica.