El rechazo de la Cámara de Diputados a la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno tiene al menos dos implicancias fundamentales: primero, se ha evitado implementar importantes cambios que habrían tenido un efecto inhibidor en la inversión, y por tanto en el empleo y crecimiento (lo que de hecho atentaba contra el objetivo de aumentar la recaudación en el largo plazo) y, segundo, genera una mayor urgencia al desafío de financiar con ingresos permanentes los programas sociales de gasto que el país requiere.

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y en ausencia de una reforma a la actual legislación tributaria, se hace necesario explorar vías alternativas que presenten alto potencial de aumento en la recaudación y que lo hagan de forma eficiente, partiendo por reducir la informalidad.

Se estima que en torno al 40% de la actividad productiva no paga los impuestos que le corresponden en Chile. A nivel laboral, además, cerca del 28% de los ocupados declaran hacerlo de manera informal. Estos niveles de informalidad golpean fuertemente la recaudación, y hacen recaer sobre las actividades formales el total de la carga tributaria en el país, a la que además le reducen sus ingresos al competirles deslealmente al no incurrir en el costo del pago de impuestos.

La informalidad también implica un mayor gasto social, porque es el Estado el que debe concurrir, por ejemplo, en la cobertura de los derechos sociales de los informales que no cotizan por su previsión. Además, gran parte de las actividades informales normalmente se vinculan a alguna a forma de delincuencia, ya sea en su origen, desarrollo o consecuencias. La actual crisis de seguridad que vive el país tiene un vínculo directo con este fenómeno.

A nivel de evasión, las estimaciones para nuestro país van desde un 4% a un 8% como porcentaje del PIB, que se origina en tasas de evasión calculadas en su momento en torno a un 20% para el IVA y 40% en el impuesto a la renta, entre otros.

Reducir la informalidad y la evasión hacia los niveles que muestran los países más eficientes en la materia podría generar un aumento de los ingresos fiscales equivalentes al aporte de dos reformas tributarias como la que acaba de ser rechazada. Pero no solo eso, reduciría adicionalmente el gasto social por informalidad al incorporar a más personas a empleos protegidos, rescatando a personas que se desempeñan de forma precaria. Y, por supuesto, reduciría los gastos en seguridad debido a su impacto en los índices de delincuencia asociados al comercio ilegal.

Algunas áreas de evasión son de fácil abordaje: por ejemplo, si se ampliase la facultad del SII para disponer que sean los medios de pago los que recauden el IVA en el caso de las compras internacionales de bienes, se estima que se podrían recaudar anualmente unos US$ 200 millones adicionales, con un costo administrativo marginal, cerrando, de paso, una vía de abastecimiento para el comercio informal interno.

Por otra parte, si lográsemos reducir la evasión del IVA por ejemplo a un 12% (similar al de países referentes) contaríamos anualmente con al menos US$2.000 millones adicionales para hacernos cargo de programas sociales eficientes que son urgentes y necesarios.

En efecto, contar con un adecuado proceso que asegure el pago del IVA tanto por el comprador, como por el vendedor del bien o servicio, tendrá un doble propósito, una recaudación tanto por el IVA como por el impuesto a la renta (en la medida que supere los limites exentos), logrando de esta forma generar una mayor recaudación fiscal.

Si bien el combate a la informalidad y evasión es complejo, resulta indispensable modernizar el proceso tributario, siguiendo el legado de lo que en su momento fue una innovación de clase mundial de parte del SII al digitalizar la gestión de declaración y pago de impuestos. En la actualidad, nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, permiten prevenir y detectar con alta precisión los riesgos de evasión y las actividades informales.

Finalmente, no hay que dejar de lado otras fuentes de aumento de la recaudación fiscal, en particular las políticas de fomento al crecimiento, ya que aumentar la base impositiva es usualmente mucho más efectivo que aumentar los impuestos. Se trata tal vez de la única vía sostenible y consistente de incrementar los ingresos fiscales en el largo plazo.