Con decoro, profundidad y, por qué no decirlo, eficacia, la Comisión Experta va cumpliendo con su tarea de presentar iniciativas de norma para una Constitución que permee todo el sistema jurídico, dotándola de sentido y propósito, que se hace explícito en los principios que orientan la finalidad de la norma y su ejecución, ejes rectores determinantes y obligatorios de todo el actuar.

Entre ellos, se propone el principio de eficacia, que aplica a todos los órganos del Estado. En el actual texto constitucional este principio no se encuentra consagrado de manera explícita, pero sí en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Entonces, ¿cuál será la finalidad de elevar a rango constitucional dicho principio?

El principio de eficacia establece que la administración pública y los poderes del Estado deben llevar a cabo sus funciones y actividades de manera eficiente, utilizando los recursos y medios disponibles de la manera más adecuada para alcanzar los resultados deseados, en términos de calidad, cantidad y oportunidad.

En el mundo privado este concepto y su significado están en el ADN de cada trabajadora y trabajador que sabe que su remuneración, su carrera, su emprendimiento o empresa y las proyecciones que tenga dependen principalmente de que haga su trabajo de la única forma posible: bien hecho. Sin embargo, en el sector público, cuyo trabajo muchas veces no es reconocido de manera justa, se producen y mantienen brechas e ineficiencias por largos períodos.

Entonces, resulta positivo que Chile en su Constitución, así como España y Colombia, incorpore este principio de eficiencia en el actuar de los órganos del Estado, para que se mida y evalúe si un trabajo o un programa específico del sector público es eficaz y reaccionar en consecuencia.

Menciono dos casos en los que mayor eficacia es vital. El primero es la gestión de la actual crisis de seguridad por todos y cada uno de los órganos directa o indirectamente involucrados con el uso eficaz de todas las herramientas disponibles incorporando, tecnología, inteligencia y coordinación.

El segundo; nuestro sistema tributario. Frente a la baja recaudación hemos reaccionado repetidamente con reformas que aumentan la carga tributaria de quienes cumplen. Ser eficaz debería forzar a usar los mecanismos y la tecnología ya existentes, promoviendo la formalización, el control eficiente de la evasión y la eliminación inmediata de programas ineficaces. Esto debería aumentar sustantivamente los ingresos fiscales y ser la base para evaluar la necesidad o alcance de nueva normativa.

La eficacia, debe contribuir a restablecer la confianza pública en los poderes del Estado, resguardar la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, claves para el fortaleciendo el estado de derecho y la democracia.

Fuente: El Mostrador