La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) expuso este martes en la Comisión de Economía del Senado, para dar a conocer su postura respecto al proyecto que introduce cambios a la ley Nº 19.983, sobre impuesto a las ventas y servicios para mejorar el pago a treinta días, el cual está en primer trámite legislativo.

El gerente de Estudios de la CCS, George Lever, explicó que el gremio convocó a sus socios para hacer una revisión y análisis del proyecto, a través de sus comités de trabajo. Y, si bien comparten el objetivo de fortalecer la posición de la MiPyme, además de la necesidad de modernizar las regulaciones existentes para que cumplan de mejor manera sus objetivos, planteó la necesidad de realizar un diagnóstico en profundidad que permita evaluar si la actual Ley está o no cumpliendo su propósito, y por tanto si requiere de cambios para mejorarla.

Respecto de los cambios propuestos, Lever explicó que “la prohibición absoluta de los acuerdos opcionales de pago restringe la flexibilidad a las Pymes en su rol de compradoras o beneficiarias del servicio, con el consiguiente costo financiero. La Pyme no solamente participa como un proveedor, sino que también participa como comprador. Existen múltiples casos en que a ambas partes les conviene acordar plazos especiales de pago”, indicó.

Asimismo, destacó que “la Pyme no dispone de la capacidad financiera de las grandes empresas para enfrentar los costos de la regulación. Adicionalmente, aumentan los incentivos a la informalidad de la Mipyme como una vía para evitar estas rigideces”.

El representante de la CCS también explicó que desde el gremio consideran que “el sistema propuesto de declaraciones juradas para el registro censal es engorroso e impone mayores costos para todo tipo de empresas, representando una carga burocrática que, una vez más, las desvía de su negocio central. Para la pequeña y mediana empresa podría significar una carga administrativa excesiva, mientras que para las grandes puede ser un gran desafío considerando el enorme volumen de facturas que procesan”.

El gerente de estudios planteó que la percepción de que la ley ha funcionado razonablemente bien y que tiene espacios de mejora, enfatizando que “se sugiere mejorar los mecanismos de fiscalización, fortalecer las plataformas de denuncia, mejorar los incentivos tributarios al pago anticipado menor a 30 días, entre otros”.

En la sesión también expusieron el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Jorge Welch; la presidenta de la Unión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (UNAPYME), Gianina Figueroa; y el director Ejecutivo de PROPYME, Rodrigo Bon.