Debido al explosivo aumento de comercio ilegal en las calles de Santiago y otros puntos del país, y que se ha incrementado de manera significativa durante las fiestas de fin de año, la Cámara de Comercio de Santiago solicitó al Gobierno endurecer las medidas para combatir la informalidad y entregar seguridad a los ciudadanos.

A través de una carta firmada por la presidenta del gremio, María Teresa Vial, al Presidente de la República, Gabriel Boric, la CCS solicitó la creación de un “Coordinador General para el Comercio Ilegal”, figura que permitiría articular e integrar las diversas gestiones que actualmente realizan de manera independiente las distintas instituciones involucradas en el combate contra el comercio ilegal, con el objetivo de liderar y coordinar eficientemente una estrategia nacional frente al tema, con visión amplia y de alcance transversal. Dicha figura debe contar con facultades suficientes que permitan una gestión práctica del problema y rendir cuenta de resultados del plan de trabajo. 

La líder gremial explicó que esta propuesta responde a que “como gremio, hemos participado activamente de todas las instancias que se han desarrollado para buscar soluciones conjuntas a este problema, reuniéndonos con las instituciones públicas, como el Ministerio del Interior, gobernaciones, municipalidades, Instituto de Salud Pública, Asociación de Fiscales, entre otras, además de ser parte de las mesas público-privadas que se llevan a cabo. Sin embargo, vemos que todas estas acciones no han sido efectivas, por lo que creemos que es clave contar con una coordinación que integre todos estos esfuerzos”.

Desde el gremio aseguran que la implementación de un Coordinador General y la adopción de una estrategia integral contra el comercio ilegal, ayudarían a resolver esta problemática, con foco en la prevención, fiscalización y formalización de aquellos comerciantes que estén en condiciones y deseen hacerlo.

En esa línea, destaca que “esta nueva figura, permitiría maximizar la eficacia de las acciones que son emprendidas de manera separada -hasta el momento-, para abordarlas de manera estratégica y coordinada con los diferentes actores, ya sean públicos o privados”, explicó la presidenta del gremio.

Para el caso de Chile, el 27% del empleo corresponde a trabajadores informales, y se estima que la economía informal representa aproximadamente el 19% del PIB, lo que equivale a cerca de US$ 60.000 millones. Solo por concepto de IVA, estas cifras sugieren una evasión superior a los US$ 11.000 millones anuales, a lo que se debe sumar el resto de la cadena impositiva, incluyendo el impuesto de primera categoría a las utilidades corporativas. 

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado a que esta propuesta sea recibida de manera positiva por las autoridades.