Hoy, en una nueva sesión del Comité de Finanzas de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Werner Geissbuhler fue designado como el nuevo presidente del comité, sucediendo a Pablo Cortés. La reunión se centró en la Ley de Delitos Económicos N°21.595, una legislación que introduce cambios significativos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus ejecutivos.
Al inicio de la sesión, Pablo Cortés, quien por un año había presidido el comité, dio la bienvenida a los asistentes y anunció la transición de liderazgo a Werner Geissbuhler, quien habló sobre las próximas actividades del comité, incluyendo sesiones programadas para septiembre, octubre y noviembre. Luego, George Lever, gerente de estudios CCS, habló sobre la sesión anterior presencial del comité y acerca de los desafíos y oportunidades. Por su parte, Ivonne Yáñez Saba, abogada del gremio, presentó la Guía CCS para la Implementación de la Ley de Delitos Económicos en el ámbito empresarial, las recomendaciones claves para la implementación efectiva de un modelo prevención del delito (MPD) y la Agenda Legislativa CCS, subrayando la importancia de esta herramienta en el contexto empresarial chileno.
Durante la sesión, Santiago Ortúzar, socio de Alessandri Abogados, profundizó en los cambios más importantes que trae la Ley N°21.595, destacando que esta es la mayor modificación desde la creación de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en 2009. Ortúzar aclaró que la nueva ley amplía los tipos penales a más de 230 delitos, aumenta las sanciones, y establece nuevas obligaciones para los altos ejecutivos, quienes deberán asegurar la eficacia de los programas de compliance dentro de sus organizaciones. En esa misma línea, con la entrada en vigor de la nueva normativa, obliga a todas las empresas, públicas y privadas a implementar modelos de prevención para estos delitos.
Ortúzar destacó que la Ley N°21.595, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2024, introduce conceptos como “delito económico” ampliando de manera significativa los sujetos obligados y las sanciones aplicables. Además, señaló que: “La ley no sólo sanciona la comisión directa de delitos, sino que también penaliza la falta de implementación efectiva de medidas preventivas por parte de los altos ejecutivos”. Esto significa que los directores y gerentes de las empresas tienen la responsabilidad de asegurar la eficacia de los programas de cumplimiento (compliance) dentro de sus organizaciones.
Asimismo, destacó el sistema de “días-multa”, donde las sanciones monetarias están directamente vinculadas al ingreso diario de los condenados, asegurando que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito y a los recursos del infractor. Además, se establecen inhabilitaciones para el ejercicio de cargos gerenciales y la contratación con el Estado para quienes sean condenados por estos delitos.
Finalmente, Ortúzar advirtió sobre la complejidad de la nueva normativa, subrayando que es fundamental que las empresas revisen y fortalezcan sus políticas internas de cumplimiento.
