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AMUR se reúne con el Consejo de Supermercados CCS para levantar percepciones sobre seguridad en zonas rurales 

La Asociación de Municipios Rurales (AMUR) buscó conocer cómo la delincuencia impacta a supermercados y comunidades rurales, así como los principales desafíos que enfrentan.

En el marco del estudio “El avance de la criminalidad en los territorios rurales: un análisis de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins”, la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) organizó una reunión virtual, liderada por Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting y asesora de seguridad de AMUR, junto al Consejo de Supermercados CCS, con el objetivo de recopilar las principales percepciones del sector supermercadista sobre el impacto de la criminalidad en sus operaciones y comunidades. 

El trabajo, que incluye encuentros con alcaldes, municipios y distintos gremios, tiene como objetivo identificar los facilitadores de la acción delictual en territorios rurales y proponer estrategias concretas para enfrentarlos. En esta oportunidad, se recogieron testimonios sobre robos, inseguridad ciudadana y la evolución de la delincuencia en las provincias. 

Desde el sector supermercadista se advirtió un desplazamiento de la delincuencia hacia zonas rurales, caracterizado por una mayor organización y violencia en los delitos. Se mencionaron casos de amenazas, robos con armas, presencia de narcotráfico, así como el cierre de algunas tiendas debido a la inseguridad. 

Otro fenómeno destacado fue la ocupación de espacios públicos cercanos a los supermercados por parte de comercio ambulante e incluso tomas de terrenos, lo que ha generado temor entre clientes y colaboradores. También se reportaron riñas dentro de algunos recintos cuando delincuentes son descubiertos, con el agravante de que muchos de ellos portan armas. 

El impacto de la delincuencia no solo afecta a los supermercados como empresas, sino también a las personas. En el caso de los trabajadores, la experiencia de un asalto genera altos niveles de vulnerabilidad, lo que obliga a implementar medidas de apoyo psicológico, ajustes en los turnos e incluso reubicaciones para evitar situaciones de revictimización. Por otra parte, la creciente sensación de inseguridad entre los clientes reduce la asistencia a los locales, lo que se traduce en consecuencias económicas adicionales asociadas a mayores gastos en seguridad y en los traslados del personal.