La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Consejo de Supermercados, realizó una reunión de trabajo para analizar la Ley de Seguridad Privada en Chile (Ley N° 21.659) que entrará en vigor el próximo 28 de noviembre.
José Manuel Ruiz y Mauricio Embry, ambos de la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, explicaron esta nueva ley que busca fortalecer la seguridad en Chile mediante un enfoque preventivo y complementario a la seguridad pública.
Durante el encuentro, se presentaron los principales cambios que introduce la normativa, entre los cuales se destacaron:
- Creación de un instrumento de factores de riesgo, que permitirá clasificar a las entidades obligadas en niveles de riesgo alto, medio o bajo.
- Determinación de medidas de seguridad exigibles por sucursal, en el caso de supermercados y cadenas, a partir de estudios y planes específicos.
- Implementación gradual, con un período de transición de hasta dos años.
Las entidades obligadas a cumplir con la normativa incluyen supermercados, empresas de combustibles, bancos e instituciones financieras y empresas de transporte de valores, entre otras que podrían incorporarse según evaluación de riesgo. Actualmente existen más de 1.200 entidades autorizadas, de las cuales un 26% corresponde al sector supermercados.
Principales novedades de la normativa
• Plataforma digital de tramitación y registro de seguridad privada (operativa desde noviembre de 2025).
• Licencia digital verificable para guardias de seguridad, que reemplazará credenciales físicas.
• Registro nacional de seguridad privada y de sanciones, con acceso restringido y verificable.
• Fiscalización coordinada entre Carabineros y la Subsecretaría, con planes anuales de control.
• Revisión periódica del instrumento de riesgo cada cinco años o antes, según corresponda.
Finalmente, se destacó que el proceso busca equilibrar las exigencias técnicas con la operatividad del comercio, garantizando que la implementación no afecte el normal funcionamiento de las empresas. El énfasis estará puesto en la colaboración público-privada para perfeccionar la normativa y fortalecer la seguridad de trabajadores y clientes.
