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CCS llama a llegar a acuerdo sobre proyecto de Sala Cuna Universal con ajustes que garanticen certeza jurídica y sostenibilidad empresarial

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) advirtió que los intentos por regular el sistema de sala cuna llevan más de tres décadas intentando concretarse, con cerca de 30 iniciativas ingresadas. A juicio del gremio, avanzar hacia un diseño definitivo es un desafío impostergable que requiere despejarse con urgencia para otorgar certezas al país.

El gremio empresarial manifestó que durante este período la discusión ha evidenciado dudas, vacíos y obstáculos que han generado incertidumbre razonable para trabajadores, empresas y para la sostenibilidad del propio sistema. “Desde la CCS consideramos que éste es el momento adecuado para resolver los aspectos que aún presentan riesgo o indefinición, a fin de permitir que el proyecto avance y pueda ser aprobado con un diseño equilibrado y sostenible”.

“Valoramos el avance que representa la aprobación en la Comisión de Trabajo del Senado, del proyecto Sala Cuna para Chile, una iniciativa que amplía el acceso al beneficio y fortalece la corresponsabilidad familiar mediante la extensión del derecho a hombres y mujeres trabajadores. Como gremio hemos sostenido reiteradamente que el fortalecimiento de las políticas de cuidado infantil constituye un componente esencial para el desarrollo económico de nuestro país, así como para impulsar la participación laboral femenina y reducir brechas de género, objetivos ampliamente compartidos por el sector empresarial formal”.

No obstante, la entidad gremial señaló que, junto con reconocer los avances alcanzados, “observamos con atención el diseño aprobado para el Fondo de Sala Cuna, que contempla aportes tanto del Estado como de los empleadores. Desde una perspectiva técnica, advertimos que este esquema podría incrementar los costos laborales y afectar la capacidad de las empresas —especialmente pymes— para sostener la creación de empleo formal en un contexto económico que exige prudencia, gradualidad y sostenibilidad en las cargas regulatorias”.

En este marco, la CCS reiteró que el sector empresarial requiere certezas jurídicas claras, permanentes y verificables respecto de los límites del aporte que le corresponde, particularmente en relación con la cotización obligatoria fijada en un máximo de 0,3% de las remuneraciones, en conjunto con la rebaja de un 1% en la cotización del seguro de cesantía, asegurando que el 0,2% de aumento neto constituya un umbral definitivo al que los empleadores no deban agregar costos adicionales.

“Asimismo, resulta fundamental que, durante lo que resta de tramitación legislativa del proyecto, no se introduzcan nuevas cargas, de manera de resguardar la estabilidad, la competitividad y la capacidad de las empresas para sostener el empleo formal, especialmente en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

En relación con la incertidumbre que genera el riesgo de que el aporte del Fondo no sea suficiente para cubrir el costo efectivo de la provisión de sala cuna, el gremio coincidió en la necesidad de definir un mecanismo claro que garantice la equivalencia entre ambos conceptos. En específico, se considera indispensable que la cotización del empleador —sumada al aporte estatal— permita financiar íntegramente el servicio sin generar déficit. Por ello, la Cámara de Comercio de Santiago propone establecer expresamente en el texto del proyecto que cualquier déficit eventual no será de cargo del empleador.

Asimismo, la CCS planteó aprensiones respecto de las eventuales distorsiones económicas y jurídicas que pueden producirse en aquellos casos en que, por indicación médica, el menor se vea impedido de asistir a un establecimiento.

Actualmente, y conforme a la jurisprudencia administrativa vigente de la Dirección del Trabajo (Dictamen N°6758/86), la imposibilidad de asistencia por salud genera la obligación del empleador de otorgar un bono compensatorio directo a la trabajadora. Esta figura, además, ha sido recogida por diversas empresas en instrumentos colectivos, generando cláusulas tácitas en sus montos y condiciones que no pueden ser modificadas unilateralmente por el empleador.

En el nuevo escenario que plantea el proyecto de ley, esta situación debe ser expresamente abordada de manera que no se traduzca en un doble gravamen para el empleador por un mismo hecho generador: por una parte, la cotización obligatoria al Fondo Solidario que financia el sistema general, y por otra, el desembolso directo para cubrir el bono compensatorio sustitutivo. De esta forma se aseguraría el cumplimiento y la lógica de la seguridad social —donde la cotización debe cubrir íntegramente la contingencia— sin configurar una carga desproporcionada, carente de causa respecto del segundo pago, afectando principios de proporcionalidad y equidad en materia laboral y previsional.

El espíritu de la reforma es “deslaboralizar” el costo de la sala cuna y socializarlo mediante un fondo solidario, análogo a otros seguros sociales.

Considerando que la jurisprudencia ha privilegiado evitar el “doble gasto” en materia de sala cuna, mantener el actual bono compensatorio como una carga directa del empleador, a pesar de la existencia de una cotización destinada a cubrir la misma contingencia, implicaría que el Fondo Solidario reciba recursos sin otorgar contraprestación efectiva, mientras el empleador financia dos veces el mismo fin.

Para corregir este defecto de diseño, la CCS propone que el proyecto establezca de manera explícita que el bono compensatorio por razones médicas sea de cargo del Fondo de Sala Cuna Universal, y no del empleador, bajo los siguientes lineamientos:

• Cobertura del Fondo: El Fondo creado con la cotización del 0,3% (0,2% adicional), debe incluir dentro de sus prestaciones no solo el pago directo a los establecimientos (vouchers o matrícula), sino también subsidios en dinero para cuidados domiciliarios cuando existan contraindicaciones médicas certificadas.
• Subrogación: Al presentar el certificado médico que acredite la imposibilidad de asistencia conforme a los estándares actuales de la DT (Dictamen N°6758-86), la entidad administradora del fondo deberá liberar los recursos equivalentes al costo de la sala cuna directamente a la trabajadora o trabajador, liberando al empleador de cualquier desembolso adicional más allá de su cotización legal.
• Equivalencia: El monto a pagar por el Fondo debe respetar el principio de “equivalencia”, asegurando que cubra efectivamente los gastos de cuidado en el hogar.

La CCS reafirma su compromiso de seguir contribuyendo al debate legislativo con propuestas técnicas y propositivas que compatibilicen protección social, corresponsabilidad, seguridad jurídica y desarrollo económico, promoviendo un sistema de cuidado infantil moderno, inclusivo, equitativo y sostenible para el país.

Finalmente, el gremio enfatizó en la necesidad de avanzar hacia la aprobación de un sistema de sala cuna universal robusto, sostenible y equitativo.

“Como gremio mantendremos nuestro compromiso de acompañar este proceso hasta el último minuto, sin excusas, promoviendo la aprobación de un proyecto técnicamente correcto y necesario, dentro de los plazos más razonables posibles, en resguardo del empleo formal, la competitividad y la certeza jurídica indispensables para el desarrollo del país”.