El subgerente de Asuntos Públicos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Sebastián Sotelo, junto a la abogada legislativa Ivonne Yáñez, se reunieron la primera semana de octubre con algunos parlamentarios del Congreso Nacional, para dar a conocer los efectos económicos y laborales de la actual normativa que obliga a las empresas que están en centros comerciales administrados bajo una misma razón social a cerrar en días de elecciones.

Informaron que solo en 2024 los cierres por feriados electorales representaron pérdidas por más de US$ 1.200 millones en ventas formales, afectando a miles de trabajadores cuyas remuneraciones dependen de comisiones y metas de ventas.

La CCS subrayó que la medida no ha demostrado aumentar la participación ciudadana y destacó experiencias internacionales –como en Argentina, Australia o Brasil– donde el comercio opera normalmente durante las elecciones, compatibilizando el derecho a sufragio con la continuidad de la actividad económica.

El gremio valoró que el proyecto que modifica la ley N°18.700, actualmente en discusión, busque modernizar la normativa electoral, resguardando el empleo, la recaudación fiscal y evitando distorsiones competitivas, reiterando su disposición a seguir aportando evidencia y propuestas regulatorias en beneficio del desarrollo económico y la estabilidad laboral.