27 Diciembre 2022

A medida que se han reestablecido los regímenes sanitarios y de movilidad una serie de indicadores relacionados con los hábitos de trabajo, educación, consumo y actividades productivas, entre otros, se han ido asentando en sus nuevos equilibrios.

En el caso de las modalidades de trabajo, esto se ha traducido en un progresivo retorno a los espacios físicos de actividad, alcanzando el formato exclusivamente presencial su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, un 75% para lo que va de este último trimestre del año
(octubre-noviembre). Al segundo trimestre de 2021, en tanto, dicho porcentaje se situaba por debajo del 50%.

Así se desprende de un estudio de la CCS, elaborado a partir de encuestas trimestrales a aproximadamente 950 personas por período.

Quienes se mantienen trabajando en modalidad totalmente remota, en tanto, se estabilizan en torno al 10% (11% en el último trimestre), lejos del 31% de mediados de 2021, y la modalidad mixta retrocede levemente a un 15%. De este modo, un 26% permanece en alguna forma de teletrabajo (total o parcial), cifra muy similar a la del trimestre anterior, dejando atrás el 51% del segundo trimestre de 2021.

A nivel global, diversos estudios sitúan el porcentaje de personas que se mantiene en esquemas de teletrabajo en un amplio rango, entre un 10 y 40 por ciento. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que alcanza a un 29%. En Gran Bretaña, en un 38%.

Volviendo a Chile, las proporciones que teletrabajan son muy similares entre géneros, y llegan a un 25% de los hombres y un 26% de las mujeres ocupadas. Por tramo etario, en cambio, se observan diferencias significativas. Hasta los 55 años, a medida que avanza la edad disminuye la proporción de personas en teletrabajo, es decir, lo más jóvenes tienden a trabajar más a distancia (21% vs 11% entre los 40 y 55 años), pero luego de los 55 años, la proporción que labora en forma remota aumenta drásticamente, hasta un 36%, lo que seguramente se debe al tipo de ocupación, sobre todo en las edades post-jubilación legal.

Desde el punto de vista geográfico, la proporción de teletrabajo es mayor en la capital (28%) en comparación con regiones (21%).

Por segmento socioeconómico las diferencias son aún más pronunciadas: en el grupo de mayores ingresos (ABC1), más de la mitad de los ocupados utiliza alguna forma de trabajo a distancia (55%), mientras que en los segmentos medios el porcentaje baja a un 22% y toca
su mínimo en el grupo D, en un 13%. Estas diferencias probablemente se relacionan con el tipo de ocupaciones y cargos que ejercen las personas y con la mayor posibilidad de elección en los segmentos de mayores ingresos.

Lo anterior es consistente con la mayor proporción de personas del segmento D que manifiesta su preferencia por trabajar a distancia, un contundente 95%, superior al igualmente expresivo 92% observado en el grupo ABC1.

De hecho, pese al contundente aumento de la presencialidad en los últimos meses, en promedio el 92% de los encuestados preferiría trabajar en alguna modalidad de empleo remoto. De ellos, un 42% lo haría en modalidad completamente a distancia y un 52% se inclina por un sistema híbrido de presencialidad y teletrabajo.

La proporción que se declara a favor de teletrabajar experimentó un fuerte aumento en los últimos 2 trimestres. Hasta mediados de este año, se mantenía por debajo del 90%.

Esta mayor intensidad en el interés por el trabajo a distancia posiblemente está relacionado con el fuerte aumento en la movilidad que se registra en los últimos meses, a niveles muy superiores incluso a los pre-pandemia, lo que genera mayores costos en tiempos de desplazamiento y sensación de inseguridad en los trayectos, entre otros aspectos.

Las mujeres manifiestan una mayor preferencia por esquemas remotos de trabajo, con un contundente 98% (vs 88% de los hombres).
A nivel de edad, prácticamente la totalidad de los millennials (entre 26 y 40 años) se manifiestan a favor del teletrabajo, fieles a los rasgos culturales que los definen.

En definitiva, se observa un significativo aumento de la presencialidad en el trabajo en los últimos meses, que tiende a estabilizarse en el segundo semestre de este año, en ausencia de restricciones sanitarias relevantes al desplazamiento de las personas. Pese a ello, la
preferencia por modelos de teletrabajo por parte de las personas aumenta significativamente, lo que genera una brecha entre las condiciones actuales y las esperadas, que de alguna forma se debiera expresar en el mercado laboral, particularmente en los segmentos con mayor capacidad de elección, como los de mayores ingresos y la generación millennial.

10 Noviembre 2022

De acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) a partir de las últimas cifras sobre el mercado laboral entregadas por el INE, la masa salarial anotó un crecimiento de 3,8% en septiembre, el menor valor en lo que va del año, cada vez más lejos del 7% que alcanzó en mayo pasado. Este resultado se explica por una nueva caída en las remuneraciones reales (-2,3%), junto a una desaceleración en el crecimiento de empleo asalariado, que alcanzó a un 6,3% en 12 meses.

Pese a que los salarios nominales mantuvieron un alto crecimiento, de 11,2% en doce meses, la elevada inflación siguió erosionando las remuneraciones reales, tal como ha sido la dinámica durante gran parte de este año.

La masa total de ingresos de los ocupados, que incluye también a los no asalariados, anotó una expansión estimada en 3,5%, casi un punto porcentual por debajo del registro de agosto, afectado por una disminución en el crecimiento de las ocupaciones no asalariadas.

Al analizar el comportamiento del empleo por ramas de actividad económica, se observa que el sector de minería anotó un fuerte crecimiento del empleo, con una variación de 32%. A continuación se ubicó el sector de alojamiento y servicio de comidas (13%), seguido por transporte y
almacenamiento (7,1%), salud (7%), e industria manufacturera (6,1%).

El empleo en la administración pública, en tanto, mostró un retroceso de 3,4% en 12 meses, completando 5 meses consecutivos con contracciones anuales.

Respecto a las remuneraciones nominales, los mayores incrementos se dieron en minería (18%), actividades financieras y de seguros (11,3%), y alojamiento y comidas (11,2%). Los salarios de varios sectores, en tanto, crecieron en torno al 10% nominal, incluyendo al comercio, transporte, educación, manufacturas y salud.

La construcción y sector público quedaron más rezagados (8 y 5 por ciento, respectivamente).

 

Para los próximos meses se espera que el empleo mantenga su tendencia a la desaceleración, mientras que los salarios nominales, si bien mantendrán altas tasas de crecimiento, podrían ya haber tocado techo. Las remuneraciones reales, en tanto, seguirán afectadas por la alta inflación, aunque la intensidad de este fenómeno comenzará a ceder paulatinamente.

Uniendo estos factores, se mantiene un escenario complejo para la masa salarial, prolongando su ciclo de bajos crecimientos.

 

 

21 de Marzo 2022

Un aumento en sus costos y una mayor automatización de funciones basados en herramientas digitales aparecen entre los principales impactos previstos por las empresas ante un eventual cambio de jornada laboral de 45 a 40 horas. Así se desprende de una encuesta realizada por la CCS entre 222 empresas de distintos tamaños y sectores económicos.

En términos simples, el proyecto de ley en discusión propone una disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y prohíbe la disminución de las remuneraciones actuales de los trabajadores beneficiados.

En materia de costos, un mayoritario 56% prevé que aumentarían con la nueva disposición, frente a un 28% que no espera cambios y un 8% que indica que disminuirían. En el segmento de medianas empresas es donde se aprecia una mayor proporción de afectados por el riesgo de un aumento de costos, con un 60%, 7 puntos por sobre el segmento de pequeñas empresas y 6 puntos por sobre las grandes.

A nivel de sectores, las mayores proporciones de empresas que esperan eventuales aumentos de costos se dan en la industria, comercio, construcción y servicios, entre ellos los financieros.

El 50%, en tanto, espera que las plantas de trabajadores se mantengan ante la eventual reducción de jornada, mientras un 27% prevé un aumento, que requerirá nuevas contrataciones por ejemplo para nuevos turnos requeridos, y un 11% una disminución. Las más proclives a aumentar su dotación son las grandes empresas, con una proporción que llega a casi un 40% de las encuestadas, muy por sobre el 22% de las pequeñas y el 26% de las medianas.

 

La industria manufacturera, la minería y el turismo aparecen como los sectores con mayor propensión a aumentar la contratación a consecuencia de la eventual disminución de la jornada.

Respecto del comportamiento de los salarios, no se prevén cambios en las remuneraciones actuales, pero un porcentaje importante (37%) estima que las nuevas contrataciones experimentarán una disminución salarial. En el caso de grandes empresas, dicho porcentaje se eleva hasta un 46%.

Solo un 6% espera un aumento y un 47% anticipa que las nuevas contrataciones mantendrían los niveles salariales.

Si bien se ha discutido en torno a una posible relación entre una disminución de la jornada y potenciales aumentos de productividad laboral, en opinión de las empresas solo un 18% espera un efecto de ese tipo. La mayor parte, un 36%, prevé lo contrario, una disminución en la productividad, mientras que un similar 34% no anticipa cambios. Las medianas comparten la visión más pesimista, con un 44% inclinándose por una eventual caída en este indicador de comportamiento tan esquivo en los últimos años.

En cuanto a los niveles de producción y ventas, el escenario es similar: un 33% espera que disminuyan ante la eventual medida.

A consecuencia en parte de los factores anteriores, cerca de un tercio de las empresas percibe riesgos de un deterioro en su viabilidad económica, mientras que un 43% no anticipa cambios relevantes.

Donde sí existe un amplio consenso es en el impacto de la reducción de la jornada en los niveles de automatización de las empresas: un significativo 61% prevé una mayor automatización basada en herramientas digitales, que en el caso de pequeñas y grandes empresas se eleva hasta un 66 y 69 por ciento.

En los sectores de construcción, transporte y logística, comunicaciones y tecnología, esta propensión a la automatización futura se manifiesta con mayor fuerza, con un porcentaje llega a un 75%. Les siguen el comercio, los servicios financieros y la industria manufacturera, con tasas en torno al 65%.

El sector turístico, en cambio, es el único en que menos del 50% se manifiesta sobre una mayor automatización, lo que es consistente con su respuesta anterior en términos de prever ampliamente una mayor contratación en caso de implementarse la reducción de jornada.

La tendencia hacia una mayor automatización no es nueva y por supuesto responde a un fenómeno global que ya ha tenido desarrollos importantes en nuestro país. Sin embargo, en la realidad local, una serie de iniciativas que han ido encareciendo los costos laborales han acelerado este proceso, generando un desplazamiento del trabajo por capital en la forma de tecnología. Este efecto es un punto no menor que deberá analizarse dentro del proceso de discusión legislativa, por los riesgos que plantea estructuralmente a la capacidad de generar empleos de la economía.

Respecto de la eventual gradualidad que se ha planteado para la implementación de la nueva norma, existe amplio consenso entre las empresas en el sentido de que debería darse un plazo de adaptación a todas, sin distinciones ni por tamaño ni sector de actividad. Más de dos tercios de los encuestados se manifiestan a favor de esa modalidad. Entre las grandes empresas la gradualidad sin distinciones tiene mayor popularidad, superando el 80%, mientras que disminuye en las medianas (67%) y pequeñas (60%).

Tan solo un 8%, en tanto, opina que, de legislarse, la nueva jornada debería ser implementada de inmediato.

 

En cuanto al período de adaptación que se requeriría para la reducción de jornada, el promedio apunta hacia poco más de 2 años, lapso que aumenta levemente en el caso de las grandes empresas (2,1 años las pequeñas y medianas, 2,3 las grandes).

Finalmente, y pese a todos los potenciales impactos negativos que perciben ante su implantación, un 42% de las empresas manifiesta una opinión favorable en términos generales ante el proyecto, mientras que un porcentaje levemente inferior (39%), lo califica como desfavorable.

Esta opción tiene más consenso en medianas empresas, entre las cuales alcanza a un 45%. Las grandes empresas, en tanto, son por lejos las que revelan una opinión más favorable, con un 58%.