Señor Director:
Recientemente se aprobó una ley que otorga 14 días adicionales de descanso a todos los trabajadores y trabajadoras de establecimientos de salud privados, farmacias y almacenes farmacéuticos, como compensación al esfuerzo que han realizado durante la pandemia del covid-19.
Nadie puede desconocer su valiosa entrega durante los períodos más críticos de la enfermedad y valoramos que el país busque retribuirles de alguna manera, pero es necesario relevar también algunos efectos asociados a esta iniciativa, especialmente en pequeñas y medianas empresas. A partir de cifras del Servicio de Impuestos Internos, es posible estimar que las empresas de la salud privada alcanzan alrededor de 30 mil en el territorio nacional, de las cuales un 99% corresponde a pymes y solo el 1% a grandes compañías. De hecho, el segmento más importante corresponde a microempresas (18 mil) que equivalen al 62% del total de las potenciales afectadas.
En cuanto al empleo del sector, que asciende a poco más de 650 mil trabajadores, un 61% es generado por pymes y un 39% por grandes empresas. Por otra parte, utilizando información sobre las remuneraciones pagadas por estas empresas tanto a sus colaboradores dependientes como a honorarios —ambos cubiertos por la Ley que otorga el beneficio—, es posible determinar a grandes números que el costo potencial de 14 días hábiles asciende a cerca de $300 mil millones. ¿Quién asume y repara este nuevo golpe a los emprendedores y su impacto en los servicios relacionados con salud de parte de privados?, ¿cuántos de estos establecimientos no podrán resistir en un contexto de crisis económica, afectando nuevamente al empleo y los servicios a las personas?
