Señor Director:
Pronto se discutirá en el Congreso el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una iniciativa que cuenta con amplio respaldo ciudadano y político, pero cuya aprobación ha sido postergada una y otra vez.
El financiamiento de esta necesaria política pública ha dificultado su aprobación.
Con un aumento del costo de contratación de, aproximadamente, el 20%, más de 840 mil personas desempleadas y 2,4 millones en la informalidad, no es aceptable señalar que la única fuente posible de financiamiento sea seguir aumentando el costo de contratación.
Llama la atención que no se encuentren recursos para una política que podría impactar positivamente incluso en el crecimiento del PIB, mientras sí hay para cubrir licencias médicas de dudosa justificación —equivalentes a más de US$ 1.540 millones—, muchas de las cuales terminaron financiando vacaciones en el extranjero.
La sala cuna no debiese ser vista como un gasto, sino como una inversión en el desarrollo del país. Es un derecho que todo niño nacido en Chile debiera tener garantizado, ya que asegura el acceso equitativo a la educación inicial, favorece el desarrollo infantil y es una herramienta concreta para reducir la desigualdad.
Además, facilita la participación laboral de los padres, especialmente de las mujeres, al brindar un apoyo confiable para el cuidado de sus hijos. Esta iniciativa debe ser financiada por el Estado, evitando que se filtren fondos para otros usos de dudosa necesidad.
