La semana pasada el ministro de Vivienda, Carlos Montes, emplazó al sector bancario a dar mayor accesibilidad a los créditos para el financiamiento de viviendas, a lo que el presidente del gremio respondió: ‘Siempre estamos dispuestos a brindar apoyo a los clientes velando por un sano endeudamiento, lo que supone una adecuada evaluación crediticia hacia quien lo solicita’.
El llamado del ministro da para reflexionar sobre cómo el Gobierno ayuda a que exista mayor financiamiento en el rubro de la construcción (que antecede a la compra de viviendas). Para las constructoras no ha sido fácil obtener financiamiento, menos aun cuando se trata de obras públicas. De hecho, incluso obtener boletas de garantía para obras reguladas por el DS N°75 del MOP es algo complejo hoy en día.
Si bien las razones que han llevado a la industria a este delicado momento son multifactoriales, ya se advertía en 2020 por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), en el expediente de recomendación normativa 26-2018, que: ‘La existencia de un sistema de resolución de conflictos que puede disminuir la conflictividad en una etapa temprana podría tener un efecto positivo en las condiciones de competencia de licitaciones de obras públicas por la disminución de las incertidumbres por los riesgos asumidos’.
Esta recomendación fue una alerta ante la alta litigiosidad en la industria, la necesidad de adoptar mecanismos que prevengan conflictos, los resuelvan en menores tiempos, y así exista más competencia, toda vez que soportar juicios largos sólo lo resisten algunos pocos actores y eleva el riesgo de las empresas.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas, por Ordinario 294 de 9 de junio de 2023, acogió sólo algunas de las recomendaciones del TDLC, y no la referida a implementar mecanismos de resolución temprana de controversias, determinante para el apoyo de los financistas de la construcción.
La pandemia, y todos los incumplimientos contractuales que se han producido por sobrecostos, han hecho aún más evidente la necesidad de espacios en donde se puedan superar, de manera previa a un juicio, los conflictos entre mandantes y contratistas. Las divergencias se debieran resolver no sólo como un problema ‘jurídico’, sino como un asunto multidisciplinario, que exige soluciones compresivas de todos los elementos vinculados en él, no olvidando que el objetivo será la ejecución del proyecto.
La buena gestión de los conflictos se traduce también en un menor riesgo para quien financia la obra o asegura su ejecución. El primer llamado, es entonces, a la autoridad: modificar el DS N°75 del MOP, y liderar un cambio cultural, junto al sector privado, que incorpore mejoras a aquellos elementos que aumentan el riesgo y que amenazan el acceso del sector a crédito. Los métodos alternativos de resolución de controversias (como lo son el arbitraje, la mediación y los dispute boards) ciertamente van en esa línea.
Lo anterior es un trabajo sistémico en el cual el Gobierno debe intervenir. De no ser así, nos mantendremos en el dilema de qué viene primero, ¿el huevo o la gallina?
