El pleno del Consejo Constitucional recientemente aprobó diversas normas relativas al Poder Judicial, siendo lo más innovador aquello referido al Gobierno Judicial. Manteniéndose la Corte Suprema a la cabeza de este Poder, velando por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, la propuesta crea tres nuevos órganos autónomos, pero que deberán funcionar de manera coordinada: para los nombramientos; la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios; y la administración.
La propuesta es una innovación que impacta de manera transversal al actual funcionamiento del Poder Judicial, separando la función jurisdiccional de la administrativa. La innovación se suele asociar con ideas de mercado y competencia, por tanto, con el sector privado. Innovar en el sector público presenta grandes desafíos, pero no puede ser omitido, ya que la búsqueda de mayor valor en la prestación de un servicio no distingue la naturaleza del prestador, menos aun cuando dicha función (pública) consiste en administrar justicia.
Mulgan y Albury (2003) sostienen que innovar refiere a la creación e implementación de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de entrega vinculados al sector público, lo que tendrá como consecuencia un sistema de justicia más eficiente, eficaz y de mejor calidad.
La propuesta recientemente aprobada ha generado dudas, porque modificar culturas arraigadas en organizaciones complejas requiere asumir costos políticos, aunque esto implique beneficios, muchas veces invisibles, para los usuarios del sistema que impactarán en un mejor acceso a la justicia. Esta nueva estructura, como ha señalado la profesora de derecho procesal María de los Ángeles González, es una buena noticia, porque al distinguir las labores jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, fortalece los distintos tipos de independencia judicial.
La innovación estructural en el sector público tiene un componente político natural, más aun si se trata de modernizar la gobernanza de un Poder del Estado. La Corte Suprema como máximo órgano es la llamada a liderar los cambios necesarios, incluso en un ejercicio de acierto y error, para lograr un sistema de justicia moderno. Si alguna vez el ámbito de la justicia se vio alejado de cualquier iniciativa innovadora hoy existen muchos motivos para impulsar dicha innovación.
Lo anterior, atendida la comprobada correlación entre la eficiencia del sistema judicial, la fortaleza institucional y el desarrollo económico y social sostenible (OCDE/Open Society Foundations, 2016). Son varios los desafíos para los años que vienen -como el data management y la inteligencia artificial-, y para enfrentarlos se requiere una estructura acorde y moderna que ponga al centro su labor de resolver los conflictos jurídicos que afectan a los ciudadanos.
Finalmente, el impacto de esta innovación tiene que explicarse, difundirse y luego de implementado tendrá que medirse, todo lo que toma tiempo. Que lo contemple una nueva Constitución es una buena noticia.
