Esta mañana se llevó a cabo, en el Palacio de la Moneda, la promulgación de la ley que establece una sistematización de los delitos económicos y ambientales. En ese marco, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, valoró la entrada en vigencia de esta nueva disposición, pero llamó a no generalizar y cuestionar a todo el sector empresarial, cuya gran mayoría “ejerce la actividad con los mejores estándares de cumplimiento normativo”. 

En este sentido, la dirigente gremial recalcó que “el nuevo estatuto ayudará a transparentar con mayor claridad las diferencias que existan entre quienes hacen el trabajo como debe ejecutarse bien hecho, de manera responsable y con apego a la legalidad, y quienes en su accionar transgreden la ley, y con ello afectan el medio ambiente, compiten de manera desleal, falsean información, abusan de su posición, defraudan a personas, al Estado o a otras empresas, o se enriquecen de manera ilícita”.

La líder de la CCS agregó que se trata de una modernización legal que contribuye “al fortalecimiento de la legitimidad de la actividad empresarial” y que permitirá una mayor confianza de las personas sobre el “funcionamiento transparente, equilibrado y activamente vigilado del mercado y el ecosistema empresarial”. 

Sin embargo, María Teresa Vial advirtió que el sector comercio tiene legítimas aprensiones respecto de algunos aspectos de la nueva ley. “No podemos dejar de mencionar nuestras legítimas inquietudes relacionadas con el tratamiento más severo que se da a las causas económicas, incluyendo personas naturales y personas jurídicas en comparación con otros delitos de alta connotación pública en nuestro derecho penal, que deberán irse resolviendo bien por la jurisprudencia, bien por futuras modificaciones legales si aquello es necesario”, sostuvo.

En esta misma línea, la representante gremial subrayó que varios de los delitos incluidos presentan el riesgo de ser instrumentalizados, por lo que es esperable que, complementando esta legislación, se incrementen las sanciones para los querellantes que presenten acciones penales para fines distintos a la persecución justa de las faltas. 

Por ello la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago manifestó su esperanza en que la normativa sea aplicada en forma “racional y justa” y que “además de sancionar de manera ejemplar a los infractores, permitan valorar en justicia el trabajo bien hecho, el actuar leal, responsable y ajustado a la ley de la gran mayoría de las personas, trabajadores, servidores públicos y empresas en Chile, y con ello recuperar la confianza y el espíritu de colaboración entre los distintos sectores e instituciones de nuestro país”.