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MIEMBRO DE:

CCS: Dictamen de última hora emitido por la Dirección del Trabajo no respetaría el sentido de gradualidad de la Ley de 40 horas

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, señaló que “nos preocupa que este tipo de dictamen se emita a una semana de la entrada en vigor de la ley que se promulgó hace un año, tiempo en el que las empresas realizaron un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación e hicieron cambios en los contratos de trabajo para cumplir lo requerido en la ley”.

Frente al dictamen N°235-08 del departamento jurídico de la Dirección del Trabajo (DT), a escasos días de la entrada en vigencia de la “Ley de 40 horas”, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) expresó su preocupación y sorpresa ante la imposición de una “fórmula específica” que debe utilizar obligatoriamente el empleador para realizar la adecuación de la jornada diaria de trabajo, con la finalidad de implementar la reducción semanal.

Desde la CCS, su presidenta María Teresa Vial, planteó que “la DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de 1 hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal, en 1 día a la semana, considerando que la propia Ley no establece esa distinción”.

“Podría incluso considerarse contraria a la gradualidad con que se pretende implementar la ley, que fue justamente una de las negociaciones y acuerdos principales de la tramitación, pues para el día en concreto en donde se materialice la reducción, no habrá, en la práctica, gradualidad alguna”, agregó Vial.

Por otro lado, la líder del gremio manifestó: “Nos preocupa que este tipo de dictamen se emita a una semana de la entrada en vigor de la ley, la que se promulgó hace un año. En la práctica, las empresas han realizado un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación y realizaron cambios en los contratos de trabajo para cumplir lo requerido en la ley, por lo que este tema hoy confunde a los empleadores y deja sin aplicación planificaciones ya realizadas al respecto, más aún cuando falta apenas una semana para la entrada en vigencia de la ley”.

En esta línea, desde la Cámara de Comercio de Santiago comentaron que desde la promulgación de la ley, las empresas han diseñado estrategias y planes para adecuar a sus distintos rubros, realidades, particularidades y necesidades de operación los desafíos que implica la nueva legislación, cuidando el trabajo que genera, el ambiente laboral, la productividad y sostenibilidad a largo plazo de las compañías, las cuales crean valor para la sociedad, empleo formal y estable.

“Esta minuciosa preparación ha tenido lugar dentro del complejo escenario actual por el que ha debido transitar nuestra economía y que ha dejado atrás a más de 865 mil personas, representadas por el 8,5% de desempleo, además de la informalidad laboral, que alcanza al 27% de los trabajadores, los que no disponen de seguridad social”, comentó la líder de la Cámara.

En el gremio se ha citado a sus empresas asociadas a un comité extraordinario para evaluar los efectos de esta sorpresiva fórmula y los pasos a seguir, de manera de comunicar a la autoridad que corresponda las principales problemáticas que genera el inesperado dictamen.

“Es importante que las leyes y regulaciones se implementen de forma justa y equitativa, de manera que permita a las empresas cumplir con las nuevas normativas de forma efectiva. Esperamos que la autoridad tome en consideración el potencial daño que implica esta sorpresiva interpretación, que introduce incertidumbre y que pone en riesgo el éxito de una implementación ordenada y que minimice los costos sobre el mercado laboral de la nueva Ley”, concluyó Vial.

Finalmente, ante este desafortunado contexto, como gremio mantenemos y reafirmamos la importancia esencial de fomentar siempre un diálogo abierto y transparente entre el legislador, las empresas y todos aquellos actores que sean relevantes para evitar este tipo de situaciones en el futuro que afectan negativamente en el funcionamiento de las empresas y en la economía en general.