Hoy se dio a conocer la suspensión de las funciones al público de una farmacia ubicada en La Cisterna, luego de haber sido asaltada por un grupo de personas en un denominado “turbazo”. Desde la Cámara de Comercio de Santiago, compartimos la preocupante situación que estamos viviendo a causa del aumento de delitos que afectan al comercio y sus trabajadores, sin embargo, creemos que la decisión de la Dirección del Trabajo traspasa a las empresas la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad pública e integridad de las personas.

Las empresas, por su parte, colaboran invirtiendo e implementando diversas medidas dentro de sus establecimientos, con el fin de cuidar y proteger a trabajadores y clientes. No obstante, cuando la violencia escala y traspasa las atribuciones de la seguridad privada, es una señal de que el Estado no ha sido lo suficientemente eficaz en cumplir con su deber primordial.

No podemos seguir perdiendo más espacios para el desarrollo de la actividad formal. Este tipo de decisiones debilitan el comercio legal y el acceso de las personas a servicios esenciales como lo son las farmacias.