Señor Director:
La promulgación de la ley que establece una sistematización de los delitos económicos y ambientales es una contribución al fortalecimiento de la legitimidad de la actividad empresarial y el conocimiento y la confianza de las personas en el funcionamiento transparente, equilibrado y activamente vigilado del mercado y el ecosistema empresarial.
Sin embargo, persisten nuestras legítimas inquietudes, relacionadas con el tratamiento más severo que se da a las causas económicas, incluyendo personas naturales y personas jurídicas en comparación con otros delitos de alta connotación pública. Esto debiese ser resuelto ya sea por la jurisprudencia o por futuras modificaciones legales.
En esta línea, varios de los delitos presentan el riesgo de ser instrumentalizados con amenazas penales que, aunque no van a prosperar por falta de méritos, en definitiva presentan grandes costos reputacionales. Sería por lo tanto deseable que, complementando esta legislación, se incrementaran las sanciones para los querellantes temerarios que interponen acciones penales para fines distintos de la persecución justa de los delitos.
En lo que no existe discrepancia alguna en el sector empresarial es en el cumplimiento a todo evento de la normativa legal, respeto y afecto por el ordenamiento jurídico que incluso lleva a distintos actores a promover mejores prácticas y autorregulaciones aún más estrictas que cualquier normativa.
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