Como expuse en otra columna en este mismo medio, antes de la elección del domingo 7 de mayo existía una genuina preocupación por el poco interés y adhesión al nuevo proceso constitucional, que no ha tenido ni los desbordes ni el nivel de incertidumbre que desplegó el fallido proceso anterior.
Luego de la gran participación ciudadana en la elección de consejeros, el desafío mutó y consiste en continuar el proceso con el sello de sobriedad y responsabilidad que han impuesto los expertos, para que el texto que se plebiscite en diciembre conecte con los desafíos constitucionales reales que enfrentamos como sociedad y se aleje de las necesidades o presiones ideológicas o motivaciones personales, por muy legítimas que estas parezcan.
No hay que confundirse. Las ideologías son necesarias y valiosas para la democracia. Deben ser la herramienta más poderosa para movilizar a los ciudadanos y definir su papel en el sistema político, adscribiendo a partidos políticos que encarnen las creencias y valores fundamentales que guían la visión de cómo debiera ser la sociedad y cómo debería ser gobernada.
Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental al representar y articular los intereses y preocupaciones de los ciudadanos, y al proporcionar un medio para la competencia electoral y la formación de gobierno, pero hemos sido testigos de su creciente dispersión y falta de valoración por la ciudadanía. Podríamos atribuir esta circunstancia a su desconexión con la realidad de las personas, escándalos de corrupción, falta de transparencia, desencanto por falta de soluciones concretas a problemas del país, pero no es atribuible a su ideología ni a sus principios.
Necesitamos partidos políticos diversos, que robustezcan su propuesta programática con transparencia, visiones de largo plazo y estabilidad, conectados permanentemente con la realidad de sus votantes; preocupados no solo de la próxima elección sino también de su representatividad.
De esta necesidad de representatividad se ha hecho cargo la Comisión Experta que, a pesar de que sus miembros fueron nombrados por los partidos, estos tienen una clara visión de Estado y del encargo que le fue entregado por la ciudadanía resiliente. Conscientes de la desarmonía entre el sistema electoral, el régimen de gobierno y los partidos políticos, han aprobado ya el umbral de que los partidos tengan al menos el 5% del electorado para poder tener representación parlamentaria y, vía indicaciones, se discuten otras soluciones adicionales, como elecciones con listas cerradas, término de pactos, elecciones de parlamentarios coincidentes con la segunda vuelta electoral, entre otras, que se analizarán en su mérito constitucional e impacto en la tarea de resguardar y fortalecer nuestra democracia representativa.
Estamos esperanzados en que los consejeros –que son parte de partidos incumbentes de estas decisiones– mantendrán la visión de Estado para evitar la fragmentación y vulnerabilidad de nuestro sistema político y fortalecer la adhesión de la ciudadanía a la democracia representativa y la gobernabilidad.
