La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) expresó su preocupación ante la dirección que han tomado las negociaciones para alcanzar un acuerdo político en torno a la Reforma de Pensiones.
El gremio expresó que, aunque no se opone a la iniciativa legal, considera fundamental evaluar con rigor los impactos que tendrá en el mercado laboral el principal mecanismo de financiamiento de la reforma: el aumento de 6 puntos porcentuales adicionales en las remuneraciones, que podrían incrementarse a 7, y que recaerán sobre los empleadores como un costo adicional para incrementar las cotizaciones. Por ello, resaltan la importancia de aplicar criterios de gradualidad, condicionados a indicadores como las tasas de desempleo, informalidad y el crecimiento económico.
La entidad destacó que, al momento de ingresar el proyecto a trámite en noviembre de 2022, las condiciones del mercado laboral eran significativamente distintas a las actuales. Desde entonces, el salario mínimo ha experimentado un alza de más del 45%, las remuneraciones han subido 17%, y se han sumado diversas regulaciones, como la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la Ley Karin, lo que ha incrementado considerablemente los costos operativos para las empresas.
Asimismo, la CCS señaló que, en 2025, otros 25 proyectos laborales están en discusión en el Congreso, de los cuales un 70% podría tener como efecto secundario un aumento adicional en los costos de contratación. Paralelamente, la productividad del trabajo, que podría justificar estos mayores costos, no sólo no ha crecido, sino que ha disminuido. En 2023, esta registró una caída del 6%.
De acuerdo con estimaciones preliminares de la CCS y otros organismos técnicos, el mercado laboral ha dejado de generar cerca de medio millón de empleos en los últimos años, y su capacidad de contratación se ha visto sustancialmente limitada por los incrementos en los costos impuestos por las nuevas normativas.
En este complejo contexto, uno de los más desafiantes para el mercado laboral en las últimas décadas, se está desarrollando el debate sobre el destino de los 6 o 7 puntos adicionales que recaerían sobre los empleadores.
La CCS advirtió que, si los temores planteados se confirman, los recursos que efectivamente ingresarán como ahorro al nuevo sistema previsional serán considerablemente menores a los proyectados, ya que la cantidad de cotizantes disminuiría. Esto se debe a que muchas empresas no podrán absorber un aumento de costos de esta magnitud, lo que llevaría a un incremento del desempleo, una reducción en la fuerza laboral formal y un mayor incentivo hacia la informalidad. Este último fenómeno, además de no generar ahorro previsional ni impuestos, podría aumentar la presión sobre las prestaciones sociales sin contribuir al sistema.